El Gobierno insistió ayer en que no dará fondos públicos a Sacyr para que acabe las obras de ampliación del Canal de Panamá, al tiempo que descartó que los problemas de la firma española en esta infraestructura vayan a afectar negativamente a la marca España. La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha señalado que el Gobierno español está contribuyendo a que el conflicto de Sacyr en el Canal de Panamá se resuelva "bien", pues se trata de una obra "emblemática", de las más importantes del mundo en este momento. "La parte técnica se está haciendo de manera inmejorable", subrayó la ministra, que insistió en que las partes tienen "voluntad real" de sentarse a negociar.

Pastor también se refirió a las advertencias del Tribunal de Cuentas sobre el aval público concedido a Sacyr por una cuantía de 160 millones para poder adjudicarse la obra. Según el Tribunal de Cuentas, el aval no cumplía del todo los requisitos de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) para su concesión. En ese sentido, la ministra de Fomento se limitó a señalar que la cuestión debe discutirse en el Parlamento español, que será quien evalúe los distintos aspectos de la concesión.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) condicionó ayer una inyección extraordinaria de hasta 183 millones de dólares al consorcio encargado de la ampliación de la vía, a que éste retire su intención de suspender la obra y a que los fondos se usen para pagar a subcontratistas y proveedores.

La propuesta incluye además que el consorcio que lidera Sacyr también desembolse 100 millones de dólares, para un aporte total extraordinario de 283 millones que garantice la continuidad de la obra por los próximos dos a cuatro meses, según el administrador de la vía, Jorge Quijano.

El Grupo Unidos por el Canal (GUPC) tiene que "cumplir otros hitos importantes", como que el Canal de Panamá "reciba en febrero próximo las cuatro compuertas que ya están listas para embarcar en Italia" y que se vuelva a contratar personal suficiente para hacer avanzar las obras de ampliación, agregó Quijano. También reclamó que se agilice el proceso de reclamaciones económicas a través de los canales previstos en el contrato, como son presentarlas primero a la ACP y, en caso de que sean rechazadas, a la Junta de Resolución de Conflictos en primer lugar y después a un arbitraje internacional.