La Comisión Europea (CE) y el Banco Central Europeo (BCE) cuestionaron la efectividad de la tarifa plana de 100 euros de cotización a la Seguridad Social aprobada por el Gobierno español para fomentar las contrataciones y avisaron de su impacto en las arcas públicas sin medidas compensatorias. La tarifa plana "puede respaldar el aumento a corto plazo de contratos", admiten las dos instituciones en el informe de su primera supervisión posterior al rescate a la banca. 

Sin embargo, sostienen la CE y el BCE, "no está claro cuántos nuevos empleos -por ejemplo, puestos de trabajo que no se habrían creado si no se hubiera puesto en marcha este nuevo esquema- y de qué tipo se pueden crear con esta medida". "La medida podría resultar principalmente en la conversión de contratos temporales en indefinidos, cumpliendo así uno de sus objetivos declarados, mientras que su potencial para estimular la creación de empleo adicional es más incierto", dijeron. Ambas instituciones advirtieron también del impacto que puede tener la pérdida de ingresos que supondrá la medida para la Seguridad Social. "La tarifa plana implica que cuanto mayor sea el salario, mayor será el ahorro en las cuotas de la Seguridad Social para la empresa y, en consecuencia, la pérdida de ingresos para el sistema de Seguridad Social", indicaron. "En ausencia de medidas compensatorias, puede que no sea plenamente neutral presupuestariamente", afirmaron. 

Ambas instituciones constataron que la recuperación económica del país se está consolidando, pero avisaron de que quedan retos pendientes, "el primero y más importante, reabsorber el alto número de desempleados". La CE y el BCE indicaron que hay "ciertas evidencias del impacto positivo de las reformas ya aplicadas", aunque indicaron que los riesgos que permanecen "piden una implementación completa, un control detallado y, donde se necesite, reforzar más la agenda de reformas estructurales". 

Ambos señalaron que en el último trimestre de 2013 el empleo comenzó una "expansión moderada", gracias a la recuperación del pulso económico y que "las reformas aplicadas comenzaron a dar sus frutos". Sin embargo, la CE y el BCE afirmaron que es necesario "completar y que den resultado" las reformas de las políticas activas de empleo puestas en marcha. En concreto, vieron margen para mejorar los vínculos entre la educación y las políticas laborales "para eliminar superposiciones innecesarias entre los programas de educación formal y la formación basada en el trabajo, y para alinear mejor las acciones e incentivos en la educación y la formación". 

Por lo que se refiere a la reforma fiscal, Bruselas y el BCE insisten en que "bajar las contribuciones sociales y compensar el impacto en los ingresos con una subida de los impuestos indirectos y las tasas medioambientales y sobre la propiedad tendría efectos positivos sobre el crecimiento". El informe sugiere que las rebajas en las contribuciones deberían concentrarse en los trabajadores menos cualificados con salarios más bajos. El Gobierno ya ha rechazado esta propuesta. 

Los inspectores piden además al Gobierno que refuerce la vigilancia para evitar nuevos retrasos en el pago a proveedores más allá de los 30 días que prevé la legislación, que controle que las comunidades autónomas apliquen la reforma de la administración pública y la ley de unidad de mercado o que cree un observatorio independiente para evaluar la necesidad y los costes de futuros grandes proyectos de infraestructuras. 

El informe elogia la reforma de la ley de morosidad por facilitar la reestructuración de la deuda de las empresas, aunque sugiere más cambios para flexibilizar los procedimientos de insolvencia, por ejemplo, en el procedimiento para nombrar a los administradores. Finalmente, Bruselas cree que el nuevo sistema de tarifas de la luz "puede tener como resultado una mayor variación de los precios, pero también puede sentar las bases para una mayor competencia entre los suministradores".

Por otra parte, la CE y el BCE advirtieron de que la alta deuda pública, la privada y la deuda externa "siguen planteando riesgos para el crecimiento sostenido y la estabilidad financiera", y dijeron que revertir la tendencia al alza del endeudamiento público es "esencial". Ambas instituciones afirmaron que el país "tendrá que continuar por la senda de ajuste económico bastante tiempo para liberarse de la carga de los desequilibrios existentes y reducir el desempleo de los alarmantes niveles actuales". 

En cuanto al déficit público, la CE y el BCE consideraron que, gracias a la mejora de las perspectivas de la economía, el objetivo marcado al país por Bruselas de reducir su déficit al 5,8% "debe estar al alcance con una ejecución presupuestaria rigurosa". Sin embargo, señalaron que para que el país logre las metas de 2015 y 2016 -un 4,2 y menos del 3%, respectivamente- se "requerirán unos considerables esfuerzos adicionales discrecionales, junto al crecimiento" de la economía. El informe muestra también que la reforma y saneamiento del sector bancario progresa adecuadamente, aunque advierte de que los organismos supervisores financieros como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) "cuenten con suficientes recursos humanos para llevar a cabo sus tareas".