EL Ministerio de Hacienda acaba de publicar las balanzas fiscales autonómicas correspondientes a 2013 y, como ya ocurriera con las dos ediciones anteriores, todos nos hemos apresurado a identificar a las comunidades con mayores saldos positivos y negativos, que inmediatamente se han reconocido como las más beneficiadas o perjudicadas en sus relaciones financieras con el Estado. Las interpretaciones son de lo más variopinta y en algún caso es probable que hasta interesada.

Por ejemplo, la que destaca a Madrid como la más perjudicada porque aporta 17.591 millones de euros, el 9% de su PIB, y Andalucía la más beneficiada porque recibe 6.194 (4,4% del PIB). Nada más alejado de la realidad y para comprobarlo comenzaremos por fijarnos en el saldo por habitante, observando que Madrid sigue presentando el mayor saldo negativo (-2.717 euros por persona), mientras que el saldo positivo para Andalucía (731 euros) es ampliamente sobrepasado por Ceuta y Melilla, Extremadura, Asturias, Castilla y León, Canarias, Galicia, Castilla La Mancha y hasta País Vasco y Cantabria. Sin embargo, sólo si se analizan por separado los componentes de estos saldos es posible alcanzar una valoración ajustada de su significado.

Si nos centramos en los ingresos observamos que cada andaluz contribuye a los ingresos del Estado con 1.521 euros menos que la media de los españoles, mientras que los madrileños lo hacen con 2.281 euros más. A continuación aparecen vascos y catalanes, mientras que la contribución en Ceuta y Melilla, Canarias y Extremadura es inferior a la andaluza. Como se puede observar, el resultado se ajusta, salvando las particularidades de Ceuta, Melilla y Canarias, a la ordenación de la renta per cápita regional, lo que significa que el resultado obtenido estaría reflejando, a grandes rasgos, que la contribución de cada comunidad depende de la capacidad económica de sus ciudadanos. Un matiz importante es la proporcionalidad entre las contribuciones netas y las diferencias en capacidad económica, que puede ser observada de forma indirecta a través del esfuerzo y la presión fiscal. En concreto, a través de la financiación per cápita con igual esfuerzo fiscal y con competencias homogéneas en todas las comunidades, cuyo resultado es que la financiación por habitante en Andalucía es inferior es un 6,5% a la media española. Esto quiere decir que los andaluces contribuimos menos que el resto de los españoles a los ingresos del estado debido a que nuestra capacidad económica es relativamente reducida, aunque para ello debamos realizar un esfuerzo fiscal superior. Si dividimos los 51.165 millones de euros de ingresos para el estado que, según el informe, aportan los contribuyentes andaluces y lo dividimos por el PIB Andaluz se obtiene una presión fiscal aproximada del 36,9%, que es la cuarta más elevada de España, después de Asturias, Cantabria y Extremadura y desde luego muy superior a la del conjunto de España (34,6 %) y a las de Madrid (32,99%), Cataluña (34,5) y País Vasco (32,6%).

Desde el punto de vista del gasto, la leyenda del supuesto beneficio de los andaluces es todavía más incomprensible. Si dividimos los algo más de 450.000 millones de euros de gasto público de 2013 entre todos los españoles y multiplicamos el resultado por el número de andaluces, se obtiene una cifra superior en 790 euros al gasto público efectivamente realizado en Andalucía. Es decir, que a pesar de que la renta bruta disponible de los hogares andaluces en 2013 equivalía al 78.8% de la media española y que la tasa de paro se situaba en el 35,2%, 11,6 puntos mayor que la española, el gasto público por habitante en Andalucía fue el cuarto más bajo de todas las comunidades, tras Murcia, Valencia y Baleares. Por el contrario, el País Vasco, con la renta disponible de los hogares más elevada de toda España (un 32,5% superior al conjunto) es la comunidad con mayor nivel de gasto público por habitante (2.682 euros más que la media), seguido de Asturias (2.253 euros más), donde la renta de los hogares también es ligeramente superior a la media, pero con una población más envejecida y que se beneficia de las jubilaciones en la minería.

Como cabía esperar, el gasto por habitante es superior a la media en algunas de las regiones donde los niveles de renta son más reducidos, como Extremadura y Galicia, pero el disparatado mecanismo de redistribución del gasto público en España reproduce los resultados andaluces (tanto el nivel de renta como el de gasto público inferiores a la media nacional) en Canarias, Castilla-La Mancha y, sobre todo, Valencia y Murcia. En sentido contrario, y con resultados de signo equivalente a los privilegios del País Vasco, aparecen Aragón, Cataluña y Navarra, mientras que en Madrid el saldo es negativo, pero menos que en Andalucía. La principal conclusión que se extrae de estos datos es que la distribución territorial del gasto público en España es básicamente regresiva e insolidaria, pero sobre todo que lo del sacrificio de las comunidades más ricas para beneficiar a las más pobres es un cuento que convendría desmontar cuanto antes, sobre todo antes de que comience la batalla para la renovación del actual sistema de financiación autonómica, que lleva caducado desde comienzos de 2015.