Hacienda vuelve a poner el foco en las agrupaciones del Carnaval de Cádiz

La Agencia Tributaria vuelve a poner sus ojos en el Carnaval de Cádiz. Tras unos años en los que, después de las intervenciones que realizaron la Inspección de Trabajo y Hacienda en 2018, parecía que las aguas ya se habían encauzado y todas las situaciones anómalas que rodeaban a los grupos se habían regularizado, ahora el objetivo es otro muy diferente: los proveedores de servicios.

Desde hace unos días, la Delegación Especial de Andalucía de la Agencia Tributaria ha mandado una carta a las asociaciones que tienen conformadas buena parte de las agrupaciones de Carnaval para su administración con el objeto de solicitarles información sobre algunos aspectos de sus actividades.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Diario de Cádiz, se pide, en primer lugar, información sobre los titulares de los locales en los que se realizan los ensayos, "con indicación del título por el que ocupan dicho local" en los ejercicios de 2022 y 2023.

Este aspecto es un tanto curioso ya que las agrupaciones gozan en su amplísima mayoría de espacios cedidos gratuitamente para la preparación de los repertorios. De hecho, mucho de ellos son edificios públicos, resaltando la presencia de colegios e institutos que ceden sus instalaciones de manera altruista como parte de la tradición y con la simple intención de facilitar el mantenimiento del Carnaval de Cádiz. Otros suelen ser peñas o locales privados en los que la casuística es muy diferente, aunque la norma no implica contraprestación económica. Todo esto dentro de una fiesta que, aunque en ella se mueve dinero, sobre todo en las agrupaciones más top que ya llevan años con todo perfectamente regularizado, sigue siendo en su amplísima mayoría amateur y vocacional.

Sí tienen mucho mayor peso el resto de los requerimientos que realiza la Agencia Tributaria. Así, en el segundo punto se centra en requerir la información sobre "la persona física o jurídica, con el correspondiente NIF/CIF, con quien la Asociación contrató la confección del tipo para la participación en el COAC de los años 2022 y 2023". En el tercer punto de la carta, va más lejos al pedir los datos sobre los contratos de los servicios de peluquería y maquillaje tanto para el Concurso como para el Carnaval en la calle de los dos años bajo investigación.

Por último, la Agencia Tributaria reclama a las agrupaciones del Carnaval de Cádiz "facturas, recibos y adecuada explicación de los medios de pago utilizados por la Asociación, con la correspondiente, en su caso, justificación documental de la transferencia bancaria (se recuerda la imposibilidad existente en 2022 y 2023 de efectuar pago en efectivo por cualquier operación de importe superior a 1.000 euros) como consecuencia de las prestaciones de servicios referidos de los puntos anteriores".

De esta forma, la línea que sigue la Agencia Tributaria con los grupos es que todas las contraprestaciones de servicios entre las agrupaciones y los proveedores, así como los pagos por ellos, se estén realizando cumpliendo con la legalidad vigente y, así, evitar que se realicen pagos en dinero negro.

Ahora, las asociaciones de Carnaval (en este caso, las agrupaciones) tienen un plazo máximo de diez días hábiles para presentar toda la documentación requerida por la Agencia Tributaria, bajo la amenaza de apertura de expediente sancionador si no se cumple con el citado requerimiento.

Las inspecciones de Trabajo y Hacienda en 2018

Esta carta de la Agencia Tributaria no hace más que recordar el celo con el que están trabajando tanto la Inspección de Trabajo como Hacienda para vigilar a las agrupaciones de Carnaval. Una serie de trabas que, en muchas ocasiones, lo que está creando es una desafección debido a que la motivación principal para salir en la fiesta no es la monetaria en la gran mayoría de los casos, aunque sí hay agrupaciones que se han profesionalizado y tienen todo perfectamente controlado y en orden en los aspectos fiscal y laboral.

El momento de mayor tensión entre Hacienda y las agrupaciones de Carnaval se produjo en el año 2018, lo que provocó que muchas de ellas tuvieran que regularizar su situación y afrontar cuantiosas multas.

En este ejercicio se produjeron dos grandes investigaciones a los grupos que cambiaron por completo su estructura. La primera la llevó a cabo la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social al solicitar el abono de las cotizaciones y el alta en la Seguridad Social de todos los componentes que hubieran participado en actuaciones contratadas después de Carnaval.

Por su parte, la Agencia Tributaria requirió al Ayuntamiento de Cádiz información económica sobre el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla y los contratos para las retransmisiones televisivas con Onda Cádiz y Canal Sur. Un aspecto que, sin embargo, sí estaba regularizado en cuanto al abono de las obligaciones fiscales por parte de los grupos.