La violencia radical vuelve a aparecer en el fútbol español

Liga BBVA

El Juzgado de Instrucción de Barcelona decretó prisión provisional para los cinco detenidos

Dpa / Madrid

30 de septiembre 2008 - 05:02

Apenas se lleva un mes de temporada, pero el fútbol español asiste ya con honda preocupación a la inusual escalada de violencia radical en sus estadios. Desde el inicio de la temporada se han registrado cuatro incidentes graves de distinta índole

Es por eso que los responsables de la Liga española parecen decididos a tomar medidas. "El Comité de Competición de la Federación se reunirá mañana (por hoy) y tratará los incidentes del Espanyol-Barcelona como asunto prioritario", confirmó Susana Barquero, portavoz de la Federación Española de Fútbol.

Se trata del comienzo más violento en la historia de la Liga española, todo un motivo de preocupación los diriegntes.

El primer incidente llegó en la jornada inaugural, cuando el ecuatoriano Guerrón, del Getafe, escuchó una andanada de insultos racistas emitidos por los radicales del Sporting. Se sancionó con una multa de 3.000 euros.

El siguiente suceso ocurrió el 22 de septiembre durante el encuentro entre Betis y Sevilla. Fue un encuentro tranquilo, pero la fiesta se enturbió cuando los radicales del Betis exhibieron banderas con simbología nazi. No hay sanción por el momento.

Sin embargo, la última jornada de la Liga española fue la más conflictiva. Todo comenzó el sábado con los gravísimos incidentes en el clásico entre Espanyol y Barcelona y terminó con los bates de bésibol inacuatados a los varios aficionados sevillistas.

Cerca de 400 Boixos Nois, ocuparon una grada alta del estadio del Espanyol y desde allí lanzaron hasta seis bengalas dirigidas hacia los aficionados locales. Hubo cinco heridos leves, un balance generoso para lo que pudo haber pasado. La primera medida la tomó el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona que decretó prisión provisional para los cinco detenidos en el Estadio de Montjuïc. Les imputa un delito de desórdenes públicos, que prevé penas de hasta cuatro años y medio de prisión.

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