La abogada de la mujer que acusa de agresión sexual al futbolista Dani Alves ha denunciado ante los Mossos d'Esquadra la difusión de un vídeo, que ha sido divulgado por la madre del ex futbolista, en el que se aparecen imágenes suyas y se revela su identidad.

Lucía Alves ha publicado en Instagram imágenes en vídeo de la víctima, de quien revela su identidad y ofrece datos personales acusándola de querer fama y dinero.

Según ha adelantado La Vanguardia y han confirmado a EFE fuentes policiales, la abogada Ester García, que ejerce la acusación particular en nombre de la víctima, ha interpuesto en una comisaría de los Mossos una denuncia por la difusión de ese vídeo.

La abogada ya anunció este jueves que denunciaría la difusión de imágenes o de cualquier información que permita la identificación de una víctima de violencia sexual, ya que "constituye un delito flagrante". "Es lamentable que, a fecha de hoy, se siga intentando destruir a las personas que se atreven a denunciar", aseguró la abogada en un comunicado.

La abogada dio por hecho que instaría acciones judiciales "contra todas aquellas personas o medios que difundan las imágenes" de la víctima o faciliten cualquier información, directa o indirecta, que permita su identificación.

Paralelamente, según han informado a EFE fuentes jurídicas, la Fiscalía Provincial de Barcelona está estudiando la difusión de estas imágenes y está analizando todos los elementos vinculados a esta situación. Asimismo, la Fiscalía también pedirá que se proteja la imagen de la víctima el día del juicio a Alves, que está previsto que arranque el próximo 5 de febrero en la Audiencia de Barcelona.

"Quien confía en Dios ya no pierde la batalla", se puede leer en la publicación de la madre de Dani Alves junto con el video grabado por una abogada brasileña, en el que aparece la víctima bailando y celebrando su cumpleaños.

La Fiscalía de Barcelona pide para el ex internacional brasileño nueve años de prisión, además de diez años de libertad vigilada y una indemnización de 150.00 euros para la víctima, mientras que la acusación particular eleva a doce años la petición de cárcel, la pena máxima establecida en el Código Penal español por un delito de este tipo.