El Consejo de Ministros ha acordado autorizar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la firma de un convenio de colaboración con la Junta de Andalucía y cuatro ayuntamientos de la comunidad, entre ellos el de Sanlúcar, para “la financiación, ejecución y explotación de determinadas infraestructuras de saneamiento y depuración necesarias para garantizar el cumplimiento de la directiva europea sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas”, según ha informado el Gobierno central.

El convenio en cuestión “tiene por objeto fijar las líneas de colaboración para poner en marcha actuaciones con una inversión total estimada en 74.590.000 euros, de los cuales el Ministerio aportará 37.590.000 euros y la Junta, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible, los otros 37 millones de euros”.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y con cargo a la partida presupuestaria de la Dirección General del Agua, “se compromete a ejecutar y financiar” las cuatro actuaciones planteadas en Andalucía, entre las que figura, efectivamente, “la redacción del proyecto de adecuación y mejora de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Sanlúcar de Barrameda y agrupación de vertidos y colectores en sus núcleos de Sanlúcar”.

El Gobierno local manifestó en mayo pasado que esa denominación que contiene el convenio planteado se refiere al traslado de las actuales instalaciones a otro lugar del municipio, habida cuenta de que la inversión total prevista en Sanlúcar alcanza los 40 millones de euros. El Pleno del Ayuntamiento aprobó entonces la adhesión municipal a dicho acuerdo sin ningún voto en contra.

El ministerio aludido “podrá iniciar” dichos trabajos “una vez finalizado el proyecto, pudiéndose firmar el convenio específico para esta actuación justo antes de la fecha del acta de comprobación del replanteo de las obras”. Ese convenio “recogerá para la EDAR de Sanlúcar todas las condiciones, derechos y obligaciones de las partes firmantes establecidas en el presente convenio autorizado este martes por el Consejo de Ministros”, ha explicado el Ejecutivo central.