El Juzgado de lo Penal número 3 de Cádiz ha emitido una sentencia judicial condenatoria contra un vecino de Las Mogarizas por un delito de defraudación, tras dar por probado que éste había realizado una conexión no autorizada a la red general de agua, según señalaron fuentes municipales.

La sentencia, ante la que cabe recurso de apelación, conlleva una multa para el demandado de 1.080 euros con responsabilidad sustitutoria de prisión más el pago de las costas procesales, e indemnización a la empresa municipal Chiclana Natural de 3.906,99 euros además de los intereses legales.

Los hechos se remontan al día 1 de abril de 2008 cuando, tras una inspección, los técnicos de Chiclana Natural detectaron el fraude. Éste consistía en la colocación de una conexión en forma de "T" a unos 30 centímetros antes del armario del contador, aparato de medida que el demandado no poseía al no tener el servicio contratado. Con esta operación fraudulenta los habitantes de la vivienda disfrutaban de agua corriente sin abonar cantidad alguna por beneficiarse del servicio.

En los fundamentos de derecho de la sentencia, emitida el pasado 18 de noviembre, el magistrado no sólo deja fuera de toda duda las actuaciones periciales llevadas a cabo por Chiclana Natural, sino que reprueba la actitud del demandado al considerarlo "merecedor del reproche social por su conducta fraudulenta y, por ende, de la sanción penal".

Durante el año 2009 Chiclana Natural ha abierto hasta la fecha un total de 13 expedientes sancionadores, de los cuales sólo cuatro se encuentran pendientes de resolución judicial tras haberse llegado a un acuerdo de pago con el resto de expedientados. De esta forma la empresa municipal ha conseguido recuperar 19.070 euros. Por lo que respecta a 2008, al margen de la sentencia ahora dictada, se abrieron otros 16 expedientes, lo que permitió la recuperación de 15.766 euros como resultado de su resolución por la vía del acuerdo. Chiclana Natural diseñó y puso en marcha en 2007 el protocolo de actuación para proceder en caso de fraude, medida que se vio sustentada en la adquisición de medios tecnológicos adecuados para la detección de enganches ilegales de forma fidedigna y ajustada a la legalidad.