El equipo de gobierno municipal, y en concreto la Delegación de Urbanismo, se encuentra desde el mismo momento de la sentencia judicial que anulaba de nuevo el Plan General de Ordenación Urbana de Chiclana hace dos meses dando los pasos correspondientes para, de un lado, evitar que dicha resolución judicial sea firme, a través de un recurso de casación, y, de otro, articular los instrumentos y trámites necesarios para que, en caso de que finalmente se confirme dicha anulación, la ciudad pueda contar en el menor plazo de tiempo posible con un nuevo Plan General. 

Pero, a pesar de los esfuerzos y gestiones que se puedan llevar a cabo en estas dos líneas de actuación, los plazos juegan en contra de la ciudad a la hora de conseguir que el urbanismo local cuente de nuevo con una normativa actualizada y que se corresponda con la realidad actual de la localidad, ya que, tanto en el caso de que no se admita el recurso del Ayuntamiento contra la anulación del Plan, como en el supuesto de que se admita pero finalmente el Tribunal Supremo confirme la sentencia, Chiclana se quedaría sin dicha normativa y tendría que volver a regularse por las normas subsidiarias de 1987, una regulación desfasada y que provocaría importantes perjuicios tanto desde el punto de vista urbanístico, como económico, además de no cumplir con la actual normativa medioambiental.

Por ello, desde el Consistorio se ha mostrado su sorpresa por la reciente negativa trasladada por parte de los responsables de la Junta de Andalucía al propio alcalde, José María Román, sobre dos cuestiones. Por una parte, la Administración regional descarta acompañar al Ayuntamiento en la tramitación del recurso de casación contra la sentencia del TSJA para evitar la anulación del plan, mientras que por otro lado, también han anunciado al regidor chiclanero su negativa a redactar unas normas sustantivas que sirvieran temporalmente de regulación urbanística local durante el periodo de tiempo en el que el PGOU estuviera anulado y no se hubiera podido finalizar aún un nuevo Plan.

A este respecto, la delegada municipal de Urbanismo, Ana González, ha anunciado que el Consistorio solicitará por escrito una reunión con los responsables de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía para tratar estos asuntos, "dada la gran importancia que para la ciudad tienen estas actuaciones de cara a paliar los efectos de la reciente anulación del PGOU", explica la responsable municipal del área.

De esta forma, y sobre la negativa de la Junta a acudir a los tribunales junto al Consistorio para recurrir la anulación del Plan, González argumenta que "durante la redacción del PGOU hemos ido en todo momento de la mano de la Junta y hemos asumido todas las indicaciones que nos han realizado a lo largo de todo el procedimiento, trasladándoles incluso una consulta expresa sobre los problemas que estaban surgiendo con la Declaración Ambiental Estratégica (motivo de la anulación del planeamiento) en los planes de otras ciudades como Marbella". Por ello, desde el Consistorio no descartan, incluso, presentar una reclamación patrimonial contra la propia Junta en caso de que esta situación se mantenga, por los perjuicios que pudiera causar a la ciudad.

Por otro lado, tampoco entienden en el equipo de gobierno la denegación por parte de la Junta de unas normas sustantivas que regulen el urbanismo local durante el tiempo que se extienda este proceso, "algo que sería fundamental también para dotar de seguridad jurídica y de confianza a los sectores económicos y sociales de la ciudad y permitiese mantener la actividad en muchos ámbitos relacionados con el urbanismo, al menos en lo que a los suelos urbanos se refiere", explica Ana González, al tiempo que recuerda que la ciudad ya ha contado con este tipo de normas en la anterior anulación del Plan y podrían servir de base para las que se redactaran ahora.

Por todo ello, desde el Consistorio intentarán consensuar una solución beneficiosa para la ciudad en un próximo encuentro con los responsables de la citada Consejería, una reunión cuyas decisiones se antojan claves para el futuro inmediato del urbanismo y la economía de importantes sectores de la ciudad, entre los que se encuentra el de los constructores y promotores, que recientemente también han mantenido un encuentro con los responsables municipales para analizar la actual situación.

Por su lado, la Junta de Andalucía asegura que pidió al alcalde hace aproximadamente un mes y medio en una conversación telefónica que presentase una propuesta y que solicitarse una reunión con la directora general y aún no se ha recibido nada, ni solicitud de reunión ni propuesta. "Es totalmente falso que se haya rechazado unas normas sustantivas. Cuando se reciba la propuesta municipal, se estudiará".

Además, añade que "no se puede responsabilizar a este nuevo Gobierno en Andalucía de errores en materia de planeamiento del anterior gobierno socialista . Resolver todos los entuertos urbanísticos que hay en Andalucía es el objetivo de nueva ley andaluza del suelo".