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Urbanismo en Chiclana

Consistorio y sector de la construcción analizan la situación del PGOU y la actual crisis

  • El alcalde lamenta la negativa de la Junta a redactar unas normas sustantivas aplicables si se desestima el recurso municipal contra la anulación del Plan

  • Pide a los constructores su implicación frente a la Administración regional y les plantea la construcción de viviendas para el alquiler social garantizado por Emsisa

Una obra sin terminar en el centro de la ciudad, en una imagen de archivo. Una obra sin terminar en el centro de la ciudad, en una imagen de archivo.

Una obra sin terminar en el centro de la ciudad, en una imagen de archivo. / Sonia Ramos (Chiclana)

El Ayuntamiento y la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción de Cádiz (FAEC) han celebrado un encuentro de trabajo telemático, en el que ambas organizaciones han analizado las actuaciones necesarias para apoyar al sector de la construcción en el marco de la crisis generada por el COVID-19, "que está paralizando la economía y generando graves consecuencias en el empleo de una ciudad que, en este terreno, llevaba ya unos años en una lenta pero sostenida recuperación", destacan desde el equipo de gobierno.

En este sentido, además de analizar las acciones a desarrollar para revitalizar y recuperar la economía a medida que se vayan levantando las restricciones, se ha abordado la situación del PGOU en Chiclana, recientemente anulado por los tribunales, cuestión en la que el alcalde ha trasladado la necesidad de que la Junta elabore una normas sustantivas que permitan el desarrollo de la ciudad, mientras se aprueba de la manera más rápida posible un nuevo Plan General. 

De esta forma, el alcalde, José María Román, y la delegada municipal de Urbanismo, Ana González, han participado por parte del Ayuntamiento en este encuentro telemático promovido por el sector, al que han asistido Emilio Corbacho, presidente de la FAECC; Manuel Ávila, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Cádiz (Asprica), y José Castellano, que preside la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción y Obra Pública (Apecop), acompañados por Jorge Fernández-Portillo, secretario general de FAEC.

En las próximas semanas Consistorio y empresas del sector mantendrán un encuentro para analizar el proyecto de construcción de viviendas sociales en alquiler

A este respecto, el alcalde se ha comprometido a estudiar las propuestas que se le han planteado desde el sector en lo relativo al fraccionamiento de la tasa de licencia y el impuesto de construcciones e instalaciones. Así, ha explicado que, en cuanto a la agilidad en la concesión de las licencias de obras, “se ha avanzado mucho y se está prácticamente al día”, y se ha mostrado partidario de impulsar la concesión de licencias de primera ocupación a través de una declaración responsable, que ha sido una de las principales demandas del empresariado. 

En el encuentro, que, según fuentes municipales, ha sido muy productivo, el alcalde ha trasladado a los representantes empresariales el resultado de las conversaciones que en este mes de abril ha mantenido con la directora general de Ordenación del Territorio en la búsqueda de soluciones a la anulación del Plan General. En este sentido, José María Román ha lamentado que la Junta le haya trasladado que no acompañará al Ayuntamiento en el recurso de casación ante el Tribunal Supremo y que tampoco tiene intención de elaborar y aprobar unas normas sustantivas que permitieran el desarrollo de la ciudad mientras se aprobase un nuevo PGOU, decisiones que el Ayuntamiento ni comparte ni comprende ya que, "como se ha explicado en otras ocasiones, desde la Delegación de Urbanismo siempre se siguieron las indicaciones y los pasos que fueron marcando desde la administración autonómica". Por ello, el alcalde ha pedido implicación al sector y que, en la medida de sus posibilidades, traslade la necesidad de esas normas sustantivas, “que de no aprobarse llevaría al urbanismo de la ciudad a las Normas Subsidiarias de 1987”. 

Por último, el regidor chiclanero ha fijado como un gran objetivo para impulsar el sector el desarrollo de políticas que, desde la colaboración público-privada, permitan la construcción de viviendas en régimen de alquiler. La propuesta municipal se basa en el aval de la empresa municipal de suelo Emsisa para hacer frente al alquiler de las viviendas que estarían destinadas a jóvenes y familias con recursos limitados. “Tenemos el suelo y necesitamos que se construyan viviendas con precios asequibles para muchas familias y jóvenes que hoy no pueden pagar rentas altas. La empresa municipal se comprometería a garantizar el pago de esos alquileres. El promotor construye y la administración le garantiza el alquiler”, ha señalado.

En esta línea, se ha acordado que en las próximas semanas se pueda convocar un encuentro con empresas del sector para trasladar estos planteamientos y que desde el Ayuntamiento se atiendan las cuestiones y dudas que preocupan a los empresarios de la construcción.

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