El Partido Popular de Chiclana reclama al gobierno local (PSOE,IU, Ganemos) que “deje de mirar para otro lado y esconder la cabeza y trabaje para que los propietarios de viviendas irregulares puedan acceder al agua, la luz y el alcantarillado gracias al Decreto de la Junta de Andalucía, la única salida para miles de familias de Chiclana ahora mismo”.

La portavoz del PP chiclanero, Ascensión Hita, afirma que “tras la sentencia del Tribunal de Justicia de Andalucía y vista la experiencia de El Puerto, Marbella o Jaén, Chiclana está nuevamente en la casilla de salida, su urbanismo por los suelos y miles de familias chiclaneras desamparadas”.

Así, manifiesta que “desgraciadamente volvemos a encontrarnos sin PGOU, por lo que la única excusa que defendía el gobierno local para no aplicarlo, ya no existe”, declara Ascensión Hita. En esta línea, expone que “el gobierno local ha perdido seis meses para solucionar este gran problema social de Chiclana, cuando muchos vecinos ya podrían tener agua, luz y alcantarillado”.

Estas palabras hacen referencia a la idea del PP de que “el alcalde, José María Román, y su equipo de gobierno se han negado a aplicar el decreto de la Junta de Andalucía, por el simple hecho de que el Gobierno andaluz está liderado por Juanma Moreno (PP)”. “El asunto es tan sangrante, que hemos visto cómo incluso desde el Gobierno de la nación de Pedro Sánchez (PSOE) se ha movido ficha para intentar paralizar la aplicación del decreto, un documento fundamental para poder solucionar el enorme problema social y medioambiental que existen en muchos municipios andaluces, con Chiclana como uno de los casos más llamativos”, resalta el PP.

Finalmente, la formación popular reclama al alcalde “que diga claramente qué va a hacer el gobierno local, si va a recurrir al Tribunal Supremo, si van a trabajar en el nuevo Plan General, algo en lo que tendrían que estar trabajando ya, si es el caso. Hay mucha incertidumbre en el sector empresarial, entre los particulares afectados y asociaciones ecologistas. Es necesario dar información para ofrecer seguridad jurídica y no espantar a los inversores, que son los que crean empleo en la ciudad”.