El juzgado se pronuncia a favor de propietarios de Las Mogarizas

Los juzgados de lo contencioso administrativo se han pronunciado de manera favorable sobre la impugnación de propietarios en la UE1 de la Cuenta de Liquidación Definitiva de la UE1 Carretera de la Barrosa, y que supuso un importante desembolso económico para los más de 700 vecinos integrados en dicha Unidad de Ejecución, que abarca las urbanizaciones de Las Rapaces, Las Mogarizas y Las Galindas.

Ante este primer pronunciamiento favorable, se ha solicitado por la mayoría de los propietarios afectados que han demandado al Ayuntamiento, a través de su letrado y representante en dichos procedimientos judiciales, Jesús Pedro Vila Duplá, una reunión con el alcalde, Ernesto Marín, "a fin de hacerle llegar su malestar por la actuación llevada a cabo hasta ahora por el Ayuntamiento y obtener información de primera mano respecto de las medidas que se están llevando por el Consistorio para evitar mayores perjuicios a los propietarios afectados de la UE1, y para la pronta devolución de las cantidades indebidamente cobradas así como sus respectivos intereses".

El citado abogado señala que dicha anulación, no recurrida por Ayuntamiento y Emsisa, "podría afectar a los más de 700 propietarios integrantes de la Unidad de Ejecución, siendo la cuantía total de la liquidación definitiva de 1.877.835,38 euros". Cabe resaltar, que muchos propietarios tuvieron que abonar en su día aplazadamente y solicitando préstamos, a entidades bancarias o familiares, dada la precaria situación económica por la que atraviesan.

Según Vila, a finales de mayo el Juzgado Contencioso Administrativo número 2, estimó una primera demanda interpuesta por propietarios en la Unidad de Ejecución, y acordó la anulación de la cuenta de liquidación definitiva de la Unidad de Ejecución aprobada por el Ayuntamiento el día 30 de julio de 2012, "por ser contraria a derecho", al haber caducado ya el procedimiento administrativo cuando se produjo dicha aprobación, siendo la anulación acordada calificada en la sentencia "como de Orden Público, y por lo tanto, apreciable de oficio obligatoriamente por los demás juzgados contencioso administrativos a la hora de entrar a conocer sobre los innumerables procedimientos iniciados por otros propietarios afectados".

El letrado detalla que en la sentencia, de 22 de mayo de 2014, dicha Cuenta de Liquidación Definitiva anulada producía efectos desfavorables a los propietarios afectados, en cuanto constituyó un incremento de la cuota de urbanización. Añade que dicho incremento se llevó a cabo para hacer frente a un desvío final del coste de las obras de casi el 30% respecto al coste total que se calculó en un principio por el Ayuntamiento al redactarse y aprobarse el Proyecto de Reparcelación en la Unidad de Ejecución, "incremento que ha supuesto a los propietarios de la Unidad de Ejecución un pago extraordinario, además de los ya efectuados en su día, de una media aproximada de más de 3000 euros por vivienda".

Asimismo, propietarios de las zonas afectadas consideran que la nueva cuota urbanística que se pasó al cobro, "después de 12 años desde la aprobación del Proyecto de Reparcelación, no tenía otro motivo que hacer frente, a su costa, a la situación deficitaria de la empresa del suelo Emsisa, que además llevó a cabo en su día una pésima gestión de las obras", que fue llevada a cabo por la empresa Probisa.