Los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Chiclana leen y releen el artículo 13 de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), que define los suelos considerados urbanos. A priori parece un aspecto básico para un departamento acostumbrado a lidiar durante años con la complejísima realidad urbanística de la ciudad, pero la ruta a seguir es muy distinta a la de los anteriores PGOU: en esta ocasión se enfrentan a una norma completamente nueva.

Hace un año, la LISTA modificó radicalmente la legislación urbanística andaluza. Aprobada con un amplio consenso en el Parlamento, pretende simplificar procedimientos y acabar con la litigiosidad que provocó la anulación de planes como el chiclanero. Y ahora, en la tramitación del nuevo, técnicos y gestores políticos exploran sus vías para desatascar cuanto antes la parálisis urbanística de una ciudad anclada en las leyes de 1987.

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Chiclana están muy cerca de llegar a un acuerdo para cerrar el plano del Plan de Ordenación Urbana (POU), un documento que, tras su aprobación, permitiría volver a otorgar licencias en los suelos urbanos del término municipal. La cuestión es delimitar cuáles son, y para eso hay que interpretar la ley.

Urbanismo planteó una propuesta en la reunión entre administraciones celebrada esta semana, en la que hubo un entendimiento y se cerró la mayor parte de los suelos que conformarán ese primer documento. La idea es que este Plan parcial y transitorio esté en vigor antes que el Plan definitivo, el PGOM (Plan General de Ordenación Municipal, anteriormente considerado PGOU), en el que se trabaja de forma paralela.

En la próxima reunión se cerrarán los flecos, concretando la calificación de algunas zonas en las que surgen dudas a resolver conforme al artículo 13 de la Ley. En cualquier caso, el POU será un instrumento parecido a las Normas Sustantivas que reclamaba el Ayuntamiento, aunque sin incluir las Áreas de Gestión Básicas.

Ese POU contemplaría, en esencia, los suelos calificados como urbanos en las Normas Subsidiarias de 1987 y aquellos urbanizados con un desarrollo legal en los planes caídos de 2003 y 2016. Hablamos de zonas como Cerro del Molino, Mogariza, La Barrosa, el centro y su conexión con la playa, Pinar de los Franceses, Hozalejos, Las Quitas, Avenida de Carboneros, etc.

Algunos de esos suelos quedaron en un limbo legal tras la caída del PGOU y protagonizan las historias más duras de esta problemática: hay familias que compraron una parcela en suelo urbano donde ahora, atendiendo a las normas en vigor aprobadas en 1987, no se puede construir.

“Estamos muy cerca”, explica la delegada municipal de Urbanismo, Ana González, que trabaja junto a sus técnicos en tener la propuesta definitiva cuanto antes. En la próxima reunión se cerrará ese plano para poder tener el POU en vigor a principios de 2024, según los plazos que manejan ambas administraciones. La aprobación de la declaración ambiental estratégica puede ser más rápida de lo esperado, ya que en esta primera fase se abordarán suelos con una situación ya consolidada. Hay poco margen para el debate y se espera que haya consenso. El compromiso es fijar un calendario de acciones para concretar las fechas en la próxima cita.

Áreas de Gestión Básica

Otra cuestión sería la tramitación del resto de suelos del término municipal. De momento, las antiguas Áreas de Gestión Básica, que suponen en torno a 22 millones de metros cuadrados, no podrán entrar en ese primer plano. Atendiendo a la nueva Ley Lista, todo el suelo urbano no consolidado se considera, de partida, rústico. Esto afectaría a zonas como Pago del Humo, Rana Verde o Majadillas, entre otras, que quedan a la espera.

El primer POU permitiría reactivar los suelos urbanos conforme a la ley, pero la tramitación del PGOM (antiguo PGOU) abriría el debate a otros suelos que parten como rústicos pero que podrían considerarse también urbanos. “No significa que los suelos urbanos contemplados en el POU sean los únicos que finalmente serán urbanos. En principio incluiremos lo que marca el Artículo 13 de la Ley LISTA, pero puede ser que más tarde, cuando se desarrolle el plan de suelos rústicos, hagamos alguna delimitación para incorporar más suelos con alguno de los instrumentos de desarrollo”, explica González.

“La solución a los servicios básicos en las antiguas Áreas de Gestión Básicas pasan por planes especiales, sin cesiones para zonas verdes o equipamientos, pero también sin llegar a niveles de urbanización de un suelo urbano”, aclaró el alcalde, José María Román, tras el encuentro. “Lo que la gente quiere son suministros de servicios básicos y eso se puede obtener bien vía AFO –si la tubería pasa por la puerta- o vía planes especiales –haciendo proyectos de urbanización-. Pero no sirve para regularizar tu vivienda, sólo para conseguir los servicios básicos”, añade González.