La caída del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ha provocado que desde hace un año Chiclana se rija por las normas urbanísticas de 1987. El Ayuntamiento intenta exprimir las oportunidades que abre esta vuelta al pasado para llevar los servicios básicos a zonas del diseminado, pero gran parte de la ciudad afronta una parálisis urbanística con consecuencias en el día a día de los chiclaneros.

El laberinto afecta de forma directa a cientos de ciudadanos, algunos de los cuales han visto cómo su situación cambiaba por completo de la noche a la mañana. Vidas truncadas como la de Salvador y Miriam, una pareja que resume a la perfección el drama que supone esta situación excepcional para los más perjudicados.

Él es marino mercante y ella ama de casa. Tenían dos hijos de 11 y 7 años y un tercero en camino, un piso en propiedad en San Fernando que se quedaba pequeño y una buena opción de compra en Chiclana. “Era el momento de tener una casa más grande y decidimos invertir los ahorros de toda la vida”.

La pareja vendió su piso en La Isla para comprar, en abril de 2021, una parcela cercana al Pinar de los Franceses, en el Camino Bahía de Santoña. Una zona edificable, 531 metros cuadrados y una hipoteca para financiar la obra. “Yo quería una vivienda con garantías legales. Nos gusta hacer las cosas bien y no quería tener un pozo ni una fosa séptica porque me parece tercermundista. Pronto tendremos un bebé y queremos mirar por la salud de nuestros hijos”, explica el marido.

La parcela, situada en el Camino Bahía de Santoña, cerca del Pinar de los Franceses.

El coste ascendió a los 90.000 euros y la obra podría estar a finales de este año, pero llegó el varapalo: el Tribunal Supremo confirmó la nulidad del PGOU –el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya lo había tumbado anteriormente hasta en dos ocasiones– y la ciudad retrocedía 35 años en materia urbanística. La zona, que había sido declarada urbana hacía años -incluso con el apoyo de una sentencia judicial-, pasaba a ser rústica según las Normas Sustantivas de 1987.

La nueva calificación pilló desprevenida a la familia. Ni posibilidad de construir, ni de recuperar el dinero. Los ahorros del banco hoy están invertidos en un suelo no urbanizable que ha perdido su valor hasta que se apruebe un nuevo plan. El precio de una parcela con esa la nueva clasificación, calculan, es casi cinco veces menor: unos 20.000 euros.

La pareja asegura haber encontrado serias dificultades para encontrar una vivienda de alquiler no vacacional en Chiclana. De momento se alojan cerca de la parcela, en un chalet que reúne todas las condiciones que querían evitar: en alquiler -850 euros mensuales-, sin regularizar, con agua del pozo y fosa séptica. Ahora, un año y medio después de la adquisición del terreno, están buscando piso de alquiler para volver a San Fernando.

Salvador y Miriam, una pareja que resume a la perfección el problema que supone la caída del PGOU para los más perjudicados.

“Al final nos han quitado las ganas de vivir en Chiclana. Queríamos construir por lo legal y nos encontramos con esto. Nuestra indignación fue a más cuando leímos en las páginas de este periódico que otras 300 viviendas construidas de manera ilegal van a tener acceso a la luz y el agua”, critica Salvador.

La esperanza de los afectados está en el Plan de Ordenación Urbana (POU), un mecanismo que podría aprobarse en año y medio y cambiar la clasificación de terrenos como este. La Delegación de Urbanismo tiene muy claro que estos suelos serán urbanos en un futuro –incluso existe una sentencia judicial que así lo aclara–, aunque de momento se rige por las Normas Sustantivas de 1987.

Una vez aprobado un nuevo plan, sólo habría que pedir la licencia de obra y empezar a construir. Sin embargo, Salvador es escéptico: “Desde Urbanismo nos dijeron que como mínimo tardaría dos años, pero creemos que esto puede durar mucho más. No es sólo que se apruebe el Plan, es que se puede repetir en el tiempo. Hablamos de una ciudad con un elevado porcentaje de personas residiendo en viviendas ilegales, así que me cuesta creer que no vaya a seguir habiendo alegaciones. Además, tengo que confiar en que el PP y el PSOE –por la Junta y el Ayuntamiento- se pongan de acuerdo. Esto puede tardar cinco o seis años".