Chiclana busca atajos para elaborar cuanto antes el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pero de momento sólo ha encontrado obstáculos. Tras cuatro proyectos suspendidos, la ciudad convive en materia urbanística con las Normas Subsidiarias de 1987 desde el pasado mes de diciembre. Tras conocer la suspensión del Tribunal Supremo, el Ayuntamiento de Chiclana buscó fórmulas para evitar la paralización urbanística, pero varias impugnaciones y la falta de respuesta de la Junta de Andalucía han demorado los plazos previstos.

Urbanismo empezó a trabajar en la adjudicación de la redacción del nuevo plan nada más conocer la decisión de los juzgados, hace ahora un año. La suspensión del PGOU no entraría en vigor hasta el mes de diciembre, pero la Delegación elaboró los pliegos en apenas unas semanas. El objetivo era que la empresa empezase a trabajar ya en 2021, aunque a estas alturas ni siquiera se ha firmado el contrato.

“Nos hubiera dado tiempo a empezar en 2021, pero ha habido tres recursos, uno por cada una de las fases del procedimiento”, explica la concejala de Urbanismo, Ana González.

El Tribunal de Recursos Contractuales de la Diputación desestimó esta semana la última de las impugnaciones, que había bloqueado el último paso para adjudicar los trabajos durante el verano. Al igual que en el anterior recurso, la resolución considera que Asociación Iniciativa Social por una Chiclana y un IBI real, entidad local que ha recurrido hasta ahora en cada una de las fases del procedimiento, no tiene legitimidad para impugnar la adjudicación sin haber presentado ofertas.

Se da la circunstancia de que los recursos han sido interpuestos en los últimos días de plazo. En la redacción del primer pliego, la asociación presentó un recurso que fue desestimado por estar fuera de plazo. Sin embargo, el Colegio de Geógrafos también impugnó ese primer paso, convenciendo a Urbanismo de la necesidad de incluir a profesionales de este gremio en el equipo redactor.

El Gobierno local sacó un segundo pliego que en esta ocasión sí fue recurrido a tiempo por la Asociación Iniciativa Social por una Chiclana y un IBI real, paralizando el proceso hasta la resolución del Tribunal de Recursos Contractuales. “Ese segundo recurso fue desestimado por falta de legitimación, pero volvió a retrasar el procedimiento”, resume la edil del ramo.

La licitación pudo salir adelante y sólo una empresa presentó oferta: Territorio y Ciudad, la misma que había llevado a cabo el último PGOU. El Gobierno anunció la adjudicación en mayo, pero la asociación volvió a presentar un recurso en junio y paralizó de nuevo el procedimiento durante el verano. Hasta esta semana, cuando se desestimó la impugnación, el Ayuntamiento no ha podido convocar a la empresa para firmar e iniciar los trabajos siete meses después de lo previsto.

“Nos están poniendo palos en la rueda”, resume González, quien asegura que abrirán un amplio proceso participativo para evitar recursos. “Los procedimientos son garantistas y quien quiera pues pueda recurrir, pero a la vista está que todo ha sido inadmitido y desestimado”, añade.

“En ocho meses se enviará el documento a la Junta para su tramitación ambiental y con lo que nos digan lo incorporaremos al borrador que será objeto. Eso será objeto de aprobación inicial ya en sede inicial”, resume González. La Junta estima que, una vez completado el borrador, la nueva Ley LISTA permitiría la aprobación definitiva en otros tres años, aunque los plazos volverán a depender de la evolución del procedimiento. “Haremos que el proceso sea lo más participativo posible”, resume González.