Chiclana ha endurecido las medidas de disciplina urbanística para frenar construcciones ilegales a tiempo. El regreso a las normas de 1987 provoca que muchos terrenos ahora considerados rústicos no puedan obtener la licencia de obra y, tras la caída del PGOU, el Ayuntamiento detectó un repute de viviendas y chalets levantados al margen de la ley.

La nueva ley Lista, aprobada por la Junta recientemente, ha aportado a los municipios nuevos mecanismos para frenar las obras antes de que sea demasiado tarde. Se trata de medidas cautelares y provisionalísimas que, además de precintar una parcela en primera instancia, permiten cortar los suministros eléctricos o denegar las inscripciones en el registro, llegando a frenar operaciones de venta.

“Cada vez que se abre un acto de inspección ya se contempla una sanción por parcelación ilegal y otra por edificación ilegal”, explica la delegada municipal de Urbanismo, Ana González, quien reconoce que, aunque se precinten las parcelas, “desgraciadamente mucha gente no actúa hasta que le cortan la luz o le demuelen la vivienda, el final del trámite”.

Aprovechando las nuevas herramientas de la Ley Lista, en los últimos meses el Ayuntamiento ha cortado la luz a decenas de parcelas donde se estaba construyendo ilegalmente. Sólo en esta semana se ha retirado el suministro de electricidad a cuatro terrenos sin licencia para construir, mientras en la anterior orden llegaron a ser 35.

Otra de las medidas que está tomando el Ayuntamiento es denegar las anotaciones registrales. Cuando un propietario divide un terreno y vende varias parcelas irregularmente, el registro notifica a la Delegación de Urbanismo esta circunstancia para que lo compruebe. La denegación puede obligar al propietario a disolver el negocio jurídico, por lo que debería devolver el dinero a los compradores.

“Intentamos ponerlo lo más complicado posible cuando no hay nada construido”, explica González. Pero, “si siguen adelante, cuando hay una edificación construida se incoa el expediente y termina en la demolición. Si no ejecutas la demolición se imponen multas coercitivas para compeler al propietario a que lo haga. Se pueden imponer hasta doce y eso no significa que, una vez pagadas, la vivienda pueda seguir en pie”, añade la edil del ramo.

La última confirmación de demolición llegó hace apenas unos días. Un propietario del Pago del Humo pidió la licencia para llevar a cabo la demolición él mismo, tras recibir la orden del juez. Los afectados por esta medida, la más dramática de las sanciones urbanísticas, llevaban años recibiendo avisos.

La mayoría de estas parcelas se encuentran en terrenos considerados rústicos, lo que supone un delito contra la ordenación del territorio. Las multas pueden llegar a los 120.000 euros, aunque en delitos más graves se puede llegar a sumar hasta el 150 por ciento del valor de las construcciones. Hablamos de casos en los que el informe técnico detecta varios agravantes, algo habitual en los suelos más protegidos. Ese tipo de sanciones, las más cuantiosas, alcanzan en algunos casos los 400.000 o 500.000 euros.