Cada uno expuso su versión. Los protagonistas del juicio fueron el demandante, Juan Carlos Cordero, despedido en septiembre de 2018, y el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, autor del despido fulminante. El dirigente dijo que “no sabía que Cordero tenía actividad de scouting” y explicó que cuando Pina “firmó sin avisar la renovación de Cervera, que salió muy barata, que no lo volviera a hacer sin comunicación previa”.
El presidente afirmó que “Pina dijo que no podía trabajar sin la parte económica, hay un presupuesto, un límite que impone la Liga. Tener poderes no significa que el Consejo no tenga la última facultad. El Consejo da poderes para que se usen bien”.
Vizcaíno reconoció que él firmó el contrato del joven Cabin Diagné y dijo que “no sé quién firmó el de Momo M’Baye”. Indicó además que “no era una política adecuada que de esos dos jóvenes jugadores del IASA el 5 por ciento fuese para el Cádiz y el 95 restante para el club uruguayo”.
El presidente explicó que hasta mitad de agosto de 2018 (unas semanas antes del despido de Cordero) “no hay un conocimiento exhaustivo del auto de la Audiencia Nacional” (de la Operación Líbero).
Una de las cuestiones en las que insistió el letrado de Cordero fue por qué Vizcaíno no ha despedido al representante de la empresa ADGB Sport, David Buitrago, si también aparece en el auto de la Operación Líbero, y si prescindió de Cordero. El sevillano respondió que “no despido a Buitrago porque es una víctima más de una trama y no lo hago desde un punto de vista humano y profesional”.
Vizcaíno recalcó que “no tiene nada que ver el contrato que Pina le firmó a Cordero con el que después propuso el Consejo, que exigía exclusividad, una vía de salida en caso de bajar a Segunda B, rechazo a la comisión del cinco por ciento y una indemnización según Ley”. Señaló que “me enteré cuando el contrato ya estaba firmado y no permití que se diese de alta, se aplicó el contrato anterior, que era indefinido. El actual director deportivo (Óscar Arias) tiene unas condiciones similares a las del primer contrato de Cordero”. El despido de Cordero “fue por falta de confianza”.
Por su parte, Juan Carlos Cordero, el demandante, ofreció una versión opuesta. Reconoció que tiene una empresa dedicada a la intermediación de futbolistas y scouting, aunque matizó que su empresa “no tiene actividad desde que me hago cargo de la dirección deportiva del Cádiz”.
Dijo que “no sé a quién pertenece Calambur”, y admitió que ha habido vínculos mercantiles entre esas dos empresas, aunque insistió en que no mientras fue director deportivo en el club. Añadió que “no tenía exclusividad en el Cádiz”.
Cordero se refirió a la disputa entre Pina y Vizcaíno, “de la que yo estoy al margen”, y recordó que “cuando fui despedido dije que esa pelea perjudicaba al Cádiz y aquí estamos ahora”.
“Vizcaíno y Pina sabían que yo tenían una empresa”, expuso Cordero. La modificación de su contrato tiene claro que él firma con el Cádiz por encima de las personas. “No sé quién modifica el contrato, la cuestión es que yo renové con el Cádiz”. Señaló además que “Vizcaíno me ofreció la renovación, hice un trabajo óptimo”. Eso sí, apuntó que su interlocutor “siempre fue Pina, él llevaba el tema deportivo, antes renovó a jugadores y al entrenador”.
El ex director deportivo contó en el juicio que “el club me ofreció un contrato dos meses antes de que se produjese el despido, aceptaban todas las condiciones salvo que yo tenía que pagar una indemnización en caso de marcharme que era de dos millones de euros en Segunda y cuatro millones en Primera. Ese contrato me lo envió Martín José García (secretario del Consejo de Administración) de parte del presidente”. Dijo Cordero que “no hay conflicto de intereses” por haber invertido en el Lorca, club que milita en Tercera División.
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