Los trabajadores del programa de prevención de maltrato a menores de la Fundación Márgenes y Vínculos están deseando que comience la nueva temporada escolar para retomar los talleres en los colegios gaditanos que han desarrollado durante doce años y que ahora llevan tres cursos sin poder impartir. El reconocimiento de su labor durante estos años desde los sectores implicados es unánime, incluso compartido por los partidos políticos representados en pleno, pero la incertidumbre aún pesa ante el inicio del curso venidero por la falta de confirmación escrita y formal para retomar este servicio conveniado con el Ayuntamiento de Cádiz.

Márgenes y Vínculos lleva trabajando con la infancia y adolescencia gaditana desde 2003. Más de 5.000 alumnos han participado en los talleres de prevención de maltrato ofrecidos a través de programas como 'Mi cuerpo es un tesoro', que se han ido incorporando en los planes de centro de los colegios de la capital. Durante este tiempo, las circunstancias o los propios colegios han ido demandando talleres más específicos sobre prevención de bullying, de la violencia de género en las primeras relaciones o el absentismo escolar. El responsable de este programa, Juan Jesús Cardoso, se muestra satisfecho con el trabajo de campo desarrollado, un caldo de cultivo importante en la sensibilización de los derechos de los menores que se ha conseguido también sacar de las aulas y llevar a la arena de la playa, en pasacalles o a través del teatro para ampliar su difusión. Cardoso aplaude y reconoce la implicación del voluntariado en este proceso. No obstante, le pesan los tres años fuera de los centros educativos gaditanos, que no cesan de reclamarle una vuelta que él ansía más que ninguno.

Los impagos a la fundación comenzaron en 2013. Pero fue en 2015 cuando el Ayuntamiento de Cádiz frena la actividad de los talleres, en un momento en el que comienza un proceso de revisión de todos los convenios firmados con las asociaciones por el anterior equipo de gobierno. La vigencia alcanza hasta 2023 pero el parón es total a pesar de la demanda en prevención de los colegios. Los trabajadores del ente subrayan que eso ha supuesto que deje de funcionar un servicio muy necesario, lo que tiene consecuencias en la pérdida de detección de abusos en menores. Tres años de muchas reuniones, resumen, en el que han conseguido finalmente que se reconozca la deuda y que se apruebe retomar esta importante labor. En el balance de un proceso que califican de frustrante, quieren agradecer el reconocimiento unánime de los partidos, con especial gesto hacia José Pacheco, ex concejal socialista y recién nombrado subdelegado del Gobierno, que se ha volcado en este deambular.

La ilusión ha vuelto a las caras de estos trabajadores de lo social tras un periodo sombrío. Buscan recuperar una normalidad perdida, engrasar máquinas y poder desenvolver sus recursos en la prevención de la violencia. Un miembro del equipo está en situación de desempleo ante el parón y la falta de financiación del programa, otro ha conseguido incorporarse para cubrir una baja en otro cometido de la Fundación y el responsable está realizando trabajos administrativos a la espera de poder concretar la puesta en marcha del servicio. Hay bagaje y material, como explica Cardoso, pero sería necesario formar voluntariado específico, actualizar los recursos, elaborar un calendario y todo el trabajo previo para retomar el pulso en la lucha contra el maltrato infantil. Hay ganas, preparación y sonrisas, así que solo falta concretar desde la administración cuándo se empieza a trabajar.

OTROS PROGRAMAS DE ACCIÓN

Pero la prevención de la violencia es sólo una de las patas que sustentan la estructura de trabajo de Márgenes y Vínculos. Otros dos programas vertebran los recursos del ente en la capital: el de acogimiento y el de evaluación y tratamiento de menores víctimas de violencia sexual. Miguel Peñalva es el responsable del programa provincial de acogimiento, dependiente del Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía, que trabaja con los tutelados por la administración. Peñalva explica que se pretende evitar la estancia del menor en un centro, de modo que, según el caso concreto, se pueda optar por un acogimiento en un hogar ya sea de familia extensa (hasta tercer grado de consanguinidad, en un principio) o de familia ajena (red de familias para acogidas voluntarias de menores). Este programa hace de filtro bajo las directrices de la Junta, así como de entidad mediadora entre las familias acogedoras y los padres biológicos de los menores, supervisa las visitas y realiza la valoración de las familias voluntarias.

El programa que gestiona la violencia sexual lo encabeza María Jesús Orihuela. Trata a menores de entre 3 y 18 años que han sido víctimas y que se encuentran inmersos en un proceso judicial. Su equipo realiza una evaluación psicológica forense a modo de informe pericial y desarrolla un tratamiento especializado para tratar las secuelas de los abusos. Vigente desde 2008, en una década ha tratado a más de 1.100 menores de la provincia. Uno de los mayores éxitos de este programa que ya ha comenzado a expandirse por otras comunidades autónomas es el protocolo para evitar la victimización secundaria del menor ausentándolo en apariencia del proceso judicial. Para ello, se produce una toma de declaración previa del menor con una psicóloga de la asociación y se traslada todo el aparato judicial (jueces, abogados, Fiscalía y funcionarios judiciales) a una habitación contigua en la propia Fundación. Mediante circuito cerrado de vídeo se visiona la declaración del menor y se facilita que la psicóloga plantee las preguntas que las partes consideren. Posteriormente, en la celebración del juicio se visualiza la grabación como parte del proceso, sin que el menor tenga que pisar el juzgado. Al principio de la puesta en marcha de este servicio "los jueces eran reticentes, ahora lo prefieren", como explica Orihuela. Y añade un dato, si en 2008 se llevaban a cabo cinco procesos anuales bajo este protocolo, actualmente se realizan unos cinco cada semana.