Uno de los vertidos de aguas residuales al mar es de la propia Agencia Andaluza del Agua, organismo dependiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Así lo señaló ayer el portavoz del grupo municipal del PP y presidente de Aguas de Cádiz, Ignacio Romaní, quien enseñó el documento que acreditaba que el 3 de febrero se había dado autorización para verter aguas residuales en la barriada de La Paz procedentes de los trabajos que se vienen realizando en La Martona.

Romaní defendió ayer la actuación municipal en este sentido y acusó a la Junta de "no haber informado a los medios de comunicación sobre el mismo". Y es que el portavoz popular trató de demostrar en su intervención lo que vienen repitiendo desde que se supo la propuesta de multa por 100.000 euros contra el Ayuntamiento por unos vertidos en el casco antiguo, que hay "una persecución política y por motivos electorales" por parte de la delegada provincial de Medio Ambiente, Silvia López.

Esta intervención se produjo a través de una propuesta del PSOE para que se instara a Aguas de Cádiz a la adopción de las medidas oportunas para evitar vertidos de aguas residuales en la ciudad. Precisamente, la portavoz del PSOE, Marta Meléndez, se preguntaba por qué el equipo de Gobierno no había firmado un convenio genérico de vertidos con la Junta.

Romaní contestó que las condiciones que les pone la administración autonómica son "inaceptables" desde el punto de vista técnico o económico. Así, recordó que una de ellas es que las estaciones de bombeo no aliviaran agua jamás". El presidente de Aguas afirmó que todas estas instalaciones en el mundo tienen que tener ese sistema de aliviadero que se usa en casos de fuertes lluvías o averías.

Otro de los puntos en los que estaban en desacuerdo era que se les solicitaba, según Romaní, que se eliminara la estación de bombeo de San Carlos, "algo que es inviable económicamente ya que para sustituirla habría que hacer una nueva martona con un coste aproximado de 26 millones de euros.

El ultimo, que tildó de "absurdo", era que "no permitirían la salida de pluviales, que no se depuran evidentemente ni aquí ni en Pekín, si no se garantizaba al cien por cien que no habría nunca una acometida pirata que provocara la mezcla de aguas fecales". Romaní considera que no hay técnico "con una mínima responsabilidad que pueda firmar y asumir esto".

De este modo, toda la documentación presentada a Medio Ambiente ha sido archivada por pasar los plazos y no ser aceptado el convenio por el Ayuntamiento.

Ignacio Romaní dio explicaciones sobre todo lo hablado estos días. Primero, que las aguas residuales del casco antiguo se vierten por dos puntos muy antiguos que han sido dotados de dispositivos de bombeo que están operando desde 2006: "Cuando el sistema está operativo el vertido es cero". El punto Mirandilla presenta un problema y es que, en caso de lluvia, provoca inundaciones de aguas residuales en Nueva, plaza Mendizábal y alrededores. Se está a la espera de instalar una válvula que permita la salida del agua por la superficie.

Cuando se produce una parada en el de Lubet, "se debe a operaciones de mantenimiento y reparaciones sobre la salida al mar, pero éstas sólo se pueden efectuar en bajamar, pero el problema es coyuntural y no estructural".

Romaní también hizo referencia a las obras del estadio, cuyo vertido se analiza mensualmente por la constructora. El resultado ha sido correcto y el vertido al que hizo referencia Medio Ambiente, según el portavoz popular, es de la segunda fase del estadio en 2007. Asimismo, negó que en Puntales haya ningún vertido y sí una rotura del alcantarillado que se reparó hace dos años.

Por todo ello, anunció que va a recurrir todas las sanciones y recordó que ya se han ganado varios recursos, el último de septiembre del año pasado por 61.000 euros.

La propuesta de iniciación del expediente expropiatorio de la finca de García de Sola, 34, sexto punto del Pleno de ayer, levantó una inesperada polvareda cuando el concejal de Izquierda Unida, Sebastián Terrada, anunció que votaría en contra de la propuesta al entender que se había producido una "variable importante" en el asunto: se había llegado a un acuerdo con los vecinos y no era necesario, a su juicio, llegar a la expropiación. Terrada, que afirmó que el equipo de gobierno había "presionado" a los vecinos, acusó a la alcaldesa de incumplir su palabra de que esa finca no sería expropiada.

La intervención de Sebastián Terrada fue contestada con gestos por el edil Juan José Ortiz, quien se llevó varias veces la mano a la cara para acusarle de caradura. Después, Romaní acusó al representante de IU de actuar "de mala fe" con sus palabras, le instó a leer el expediente llevado a Pleno, donde constan los acuerdos con los vecinos, y afirmó que Terrada había cometido "un aberración". Después fue Teófila la que abundó en el ataque al edil, a quien pidió que no le diera "lecciones de política social".

Finalizado el Pleno, Terrada repartió a la prensa una nota en la que acusaba a la alcaldesa de "mentir descaradamente" en este asunto, y en la que adjuntaba un acta de un pleno de la primera legislatura del PP donde Teófila confirma varias veces su intención de no expropiar esa finca y renunciar incluso a la apertura de la nueva calle.