Vecinos de las fases 7 y 8 del Cerro del Moro han registrado un escrito dirigido a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA) de la Junta de Andalucía, con copia al Defensor del Pueblo, en el que reclaman “el cumplimiento inmediato” de las promesas para construir los nuevos edificios de viviendas, cuyas obras acumulan 30 años de retraso.

Las personas afectadas dicen sentirse “hartas de engaños y promesas incumplidas durante años y con diferentes gobiernos responsables”, exigen a las administraciones implicadas que comuniquen por escrito la fecha de comienzo de la construcción, “incluyendo que se establezca indemnizaciones a abonar en el caso de que se vuelvan a incumplir los plazos”.

Del mismo modo, avisan que si no hay una respuesta inmediata, convocarán manifestaciones para hacer visible ante la ciudadanía el problema que sufren.

Cabe recordar que la remodelación del barrio del Cerro del Moro se inició en 1992, cuando se creó la sociedad municipal Procasa. Con el paso de los años se construyeron las seis primeras fases, “pero las dos últimas quedaron paralizadas indefinidamente, a pesar de que hubiera incluso partidas presupuestarias liberadas para tal fin”.

Este grupo de vecinos señala que a día de hoy  las viviendas en las que viven “se encuentran en un estado deplorable, con posibles problemas de seguridad estructural, pudiéndose calificar de infraviviendas ya que las mismas tienen una antigüedad de casi 65 años, con 50 metros cuadrados, sin ascensor y construidas con materiales de bajísima calidad”. Allí, añaden, “viven familias completas con niños y ancianos, estos últimos condenados a vivir enclaustrados en sus casas por no tener capacidad física para subir y bajar escaleras”.

Además, afirman que dado el estado actual de las viviendas, “no se pueden ni vender ni reparar, por lo que se condena a sus vecinos a vivir en la incertidumbre y el miedo, en condiciones muy deficientes, soportando insectos, humedades y grietas que suponen un peligro tanto para la salud como para su integridad física”.

Los vecinos pretenden que el escrito sirva para responsabilizar a la administración y a sus responsables políticos de cualquier desgracia que se pueda producir por el estado de las viviendas. 

También se les ha pedido que hagan un informe oficial en el que se garantice, “bajo su responsabilidad y la de la Administración, que las casas no corren peligro de colapso o de peligrosidad para las personas que habitan en ellas o los transeúntes que pasan por sus calles”.

Por parte de los vecinos no se descarta tampoco que emprendan acciones legales ante la Fiscalía “para que se investigue dónde fueron a parar los fondos que fueron destinados a este proyecto”. Asimismo, tras las explicaciones de la Junta de que ha pedido al Ayuntamiento una modificación del proyecto de ejecución, “esto no es otra cosa que una estratagema más para seguir retrasando un proyecto que ya contaba con financiación y todos los requisitos para hacerla”.