Suspendido por la huelga del metal un desahucio en Cádiz

El desahucio de una vivienda propiedad de la empresa municipal Procasa que estaba previsto este lunes en Cádiz no ha podido ejecutarse por falta de efectivos policiales. La nueva jornada de huelga del metal, a la espera de ratificar el acuerdo que se alcanzaba esta pasada madrugada para actualizar el convenio del sector, provocó que la Policía Nacional haya activado un dispositivo este lunes que le ha impedido acudir al levantamiento de la ocupación de esta vivienda, situada en el barrio de Guillén Moreno.

Según ha podido saber este periódico, la comisión judicial sí se ha personado en la casa, pero ante la imposibilidad de acudir la Policía Nacional para velar por la seguridad de los vecinos y de los propios trabajadores del Juzgado, se ha optado por suspender el desahucio.

De este modo, se aplaza esta operación promovida por Procasa para disponer de una vivienda de su propiedad que tiene pendiente asignar al demandante que le corresponda. A este respecto, diversos colectivos y partidos políticos han venido denunciando esta situación en los últimos días, reclamando al Ayuntamiento que no ejecute el desahucio y permita, por tanto, seguir viviendo en ese piso de la calle Marinero en Tierra a sus actuales ocupantes, que tienen además dos menores de 5 y 3 años de edad, a su cargo.

A este respecto, el alcalde se mostró contundente el pasado viernes, reafirmando que el equipo de gobierno seguirá emprendiendo actuaciones judiciales en los casos en que se produzca una ocupación ilegal de viviendas de Procasa (como ha ocurrido en este expediente de Guillén Moreno). Explicó el alcalde que las viviendas de Procasa tienen que ser adjudicadas a los demandantes que corresponda, en función del baremo establecido por los técnicos de Procasa y de Asuntos Sociales y definido a través del Registro de Demandantes de Vivienda, y que no podía saltarse el Ayuntamiento el procedimiento establecido para fijar unas condiciones específicas "para cada caso".

Así las cosas, el futuro de esta vivienda de Guillén Moreno queda ahora a expensas de la nueva fecha que el Juzgado determine para el alzamiento definitivo de la vivienda ocupada.

IU insiste en que no se produzca el desahucio

Según Izquierda Unida, esa nueva fecha se ha fijado para el próximo 7 de julio, reclamando también al Ayuntamiento que aproveche esta suspensión o aplazamiento para que no se lleve a cabo finalmente el desahucio. "Bruno García y Ana Sanjuán deben abandonar la estrategia de hacer de Procasa un mero instrumento para la especulación y devolver a la empresa su contenido social, empezando por cumplir la ley y los acuerdos municipales que impiden el desahucio sin alternativa habitacional a familias con menores de pisos municipales", reclama IU.

En este sentido, recuerda la formación que en septiembre de 2022 se firmó un acuerdo entre Ayuntamiento y Procasa "que tenía como finalidad proteger a los menores y seguir las directrices planteadas por instituciones como el Defensor del Menor". "Este protocolo recoge que antes de iniciar ninguna acción judicial es preciso que la empresa municipal comunicase a Asuntos Sociales para la valoración de la familia, para que desde ese mismo momento se le ofrezcan alternativas habitacionales, e incluso se le pueda reconocer la situación de excepcionalidad en el registro por exclusión social", ahonda la formación a la que pertenece la anterior concejala de Vivienda, Eva Tubío.

A este incumplimiento del acuerdo con Procasa suma también el que estaría produciendo respecto al Real Decreto 1/2025, "que obliga a las administraciones a la suspensión de desahucios de familias vulnerables y especialmente a las que incluyen a menores de edad".

Por ello, IU denuncia "el desprecio del Partido Popular a los acuerdos municipales y a la propia ley", avanzando que no descartan en este partido "tomar medidas encaminadas a advertir a otras instancias, caso del Defensor del Menor, para evitar que las familias más vulnerables de la ciudad, y además como es este caso con menores, sigan sufriendo las políticas clasistas de Bruno García y sus concejales".