El alcalde de Cádiz avisa: "en la ocupación sí tenemos que actuar"

Este próximo lunes, día 23 de junio, está previsto en Cádiz un desahucio de una vivienda que pertenece a la empresa municipal Procasa y que fue ocupada. Ante esta citación, diversos colectivos han pedido al Ayuntamiento que no ejecute tal desahucio, como titular de la vivienda, permitiendo así mantener allí a sus actuales ocupantes. Y el alcalde de la ciudad, Bruno García, ha sido muy claro explicando la posición municipal al respecto.

"Es un desahucio que viene de una ocupación, que es algo ilegal", ha recordado en primer lugar Bruno García, que pone también como premisa el "procedimiento" que existe para el acceso a una vivienda de Procasa, "que es el mismo para todos". "Nosotros como equipo de gobierno hemos decidido que no vamos a intervenir judicialmente ante casos de impago, que antes sí se ha hecho. Pero en la ocupación sí tenemos que actuar", ha afirmado de manera contundente el alcalde, que ha añadido al respecto que el hecho de no actuar "sería incluso ilegal".

"Las viviendas del Ayuntamiento se rigen todas bajo una ordenanza y un reglamento que elabora una lista que hay que cumplir" para el acceso a las viviendas que estén disponibles en función de una serie de parámetros que miden los técnicos municipales de Servicios Sociales y que dan lugar a un baremo que determina el orden de acceso a esas viviendas de Procasa. "Y hay familias en una situación dramática que están esperando su oportunidad y que no deben tener menos ocasiones que aquel que ocupa una vivienda", ha intentado explicar el alcalde, que insiste en la existencia de un procedimiento objetivo y bajo la supervisión de técnicos municipales al que se debe el Ayuntamiento. "No puede haber un procedimiento para cada familia o cada caso. No lo puede haber", ha insistido García.

De igual modo, ha lanzado el alcalde un mensaje crítico a los que piden que no se ejecute el desahucio, amparando de algún modo la ocupación de esa vivienda de Procasa. Así, ha reivindicado que se respete el trabajo que realizan los técnicos de Asuntos Sociales, "funcionarios públicos", para establecer el orden de acceso a cada vivienda disponible. "Si luego defendemos lo público, la educación pública, la sanidad pública, vamos a seguir también los procedimientos públicos establecidos para el acceso a la vivienda", ha concluido Bruno García.