Las operaciones singulares de la Casa de Juan Paje y de la Casa Lasquetty fueron los dos grandes emblemas del Plan de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz que impulsó desde 1999 la Junta de Andalucía en la capital del infrahumano partidito y la cocina y el retrete comunes. La primera, como promoción pública, y la segunda, dentro del denominado Programa de Transformación de la Infravivienda. Después de muchas vicisitudes a lo largo de los trabajos, que hicieron peligrar en varias ocasiones los proyectos, y rehabitadas las fincas en 2008 y en 2012, respectivamente, la vida de sus inquilinos ha mejorado muchísimo, sin duda. Pero ni por asomo en la misma medida.

Si en la Casa Lasquetty, en casi lo más alto del Barrio de Santa María, 29 familias disfrutan del confort de un palacio barroco del siglo XVII perfectamente restaurado y conservado, las 30 que habitan en el laberinto de los números 19, 21, 23, 25, 27 y 29 de la calle Obispo Urquinaona sobreviven a la más absoluta falta de mantenimiento, al galopante deterioro de las zonas comunes y de infraestructuras tan básicas como los bajantes de los inodoros en las plantas bajas y a un caos que mantiene algunos pasillos repletos de enseres para tirar. Caos del que sin duda algunos de los inquilinos son responsables directos.

La Casa Lasquetty es de propiedad privada. Concretamente de Francisco Sánchez Fernández, que posee una decena de fincas en Cádiz. La administración autonómica se hizo cargo de más del 70% del coste de su profunda transformación, que ascendió a más de 1,5 millones de euros. Era el típico caso de caserón señorial casi en ruinas convertido en la más precaria casa de vecinos. Ocho años se tardó en rehabilitarla. La casa-palacio en sí ocupa los números 11 y 13 de la calle Santa María, pero al proyecto se le añadieron las fincas anexas de los números 7 y 9. Son 39 familias en total. De 29 inquilinos, en Lasquetty sólo quedan 13 de los originarios y en los otros dos números, nueve de diez. En total, 22 antiguos habitantes de 39. Por ley, dentro de cuatro años expirará el compromiso legal de mantener los contratos de alquiler a un precio tasado que apenas si supera los 200 euros para un piso de tres dormitorios con cinco balcones a la calle. Hay quien paga 20 o 30 euros al mes. Y dentro de cuatro años se abre también la posibilidad de vender. No obstante, desde la propiedad se insiste en asegurar que no se plantea rescindir ninguno. "Ni en la Casa Lasquetty ni en otras fincas rehabilitadas con la aportación mayoritaria de la Junta, donde siguen viviendo los antiguos inquilinos", recalcan.

La Casa de Juan Paje, una casa barroca dedicada en origen al alquiler por cuartos, es propiedad de la Junta. El coste de la obra se fijó en más de 1,5 millones de euros y la adquisición del inmueble por el justiprecio supuso un desembolso de más de 370.000, según publicó este periódico en su momento. Eso, sin contar con los gastos del realojo durante los más de cuatro años que duraron las obras de las 26 personas residentes. Ya cuando se entregó presentaba importantes defectos -cuentan algunos de los vecinos-, sobre todo en los elementos metálicos, que ya estaban oxidados. El paso del tiempo, la desidia de la propiedad, pero también el mal uso de algunos, han hecho que se multipliquen y que el deterioro llegue a tal punto que la situación se hace insostenible en algunas de las viviendas. "Aquí sólo somos unos pocos los que pagamos la comunidad y nos esforzamos por tener nuestra parte en condiciones -dice una vecina- pero, claro, en un edificio con varios ascensores, no damos abasto". Los problemas van más allá de la necesidad urgente de varias manos de pintura y de la sustitución de elementos de madera ya astillados: en la planta baja de al menos uno de los patios, los bajantes de los inodoros revocan, inundando las viviendas. "Los instalaron demasiado estrechos", apunta una de las inquilinas que cuando llegó a la finca hace más de veinte años tuvo que construirse su propio cuarto de baño. "Imagino que habrán reclamado a la Junta que arregle todo esto", se le plantea. "Sí, claro, pero unas veces nos dicen que lo van a hacer y otras que no hay dinero", comenta otra vecina. Este periódico intentó contactar, sin éxito, con el presidente de la comunidad. También preguntamos a una portavoz del Gobierno andaluz si hay programada alguna obra de mantenimiento, pero no obtuvimos respuesta.

En Santa María, Mariano Castellón abre la puerta del magnífico patio columnado con palmera en medio de la Casa Lasquetty y se apresura a aclarar que en realidad se llama De la Rosa, porque fue el cargador a Indias Alonso de la Rosa y Tóvar quien la construyó. Posteriormente, la única descendiente que queda se traslada a vivir a El Puerto y se la alquila a otro comerciante de origen italiano llamado Lasquetty. Del inquilino italiano no queda ni rastro. Pero en la imponente escalera de mármol original sí que luce un altorrelieve con seis rosas. Los descendientes de Alonso de la Rosa demostraron la autoría de la construcción con un libro y la propiedad lo inmortalizó en una placa.

La cuidada restauración, la limpieza, el orden y el perfecto estado en el que se encuentra todo es más propio de un hotel con encanto y de cinco estrellas que de una casa de vecinos. "Aunque hay algunos inquilinos a los que les cuesta llegar a fin de mes, aquí todos cumplen con su obligación y pagan religiosamente sus alquileres y sus cuotas de comunidad", recalca el administrador de la finca, que también hace de jefe de mantenimiento para que todo se conserve impecable y funcione correctamente. Por el pasillo se extiende el aroma de un sahumerio de romero que transporta al visitante al siglo XVII. Las vigas de madera de todos los pasillos son las originales de las viviendas, restauradas. El mal estado en el que se encontraban obligó a sustituirlas por vigas castellanas. "Había algunas amarradas con paños y los suelos estaban tan combados que parecía que se iban a desplomar; era una infravivienda de libro donde las mujeres tenían que llenar las lavadoras con palanganas", cuenta una experta en vivienda que fue testigo del lamentable estado en el que estaba la casa-palacio antes de su restauración.

"Llevo aquí viviendo 36 años. Antes lo que había era una cocina y un cuarto de baño común, que, básicamente, era un váter. Esto estaba muy mal", cuenta Pepa García, la vecina con más antigüedad en la finca. "Había muchos niños y muy poca casa... Ahora cada vecino tenemos nuestra vivienda adaptada a las necesidades de la familia y él -por Mariano- se encarga de que todo funcione. Vivir aquí es hoy un lujo". "¿Que cómo era la convivencia entonces? Muy buena, yo siempre he sido muy buena", dice con una sonrisa. Pepa García estuvo ocho años realojada en el barrio de El Corte Inglés, "pero estaba deseando volver"

Chari vivía en una de las fincas anexas y desde que acabó la rehabilitación, en la casa-palacio. Sólo tiene palabras de agradecimiento para Mariano, "que está siempre pendiente de lo que podamos necesitar". En la Casa Lasquetty se pagan 50 euros de comunidad. Poco, si se tiene en cuenta que dispone de tres ascensores, un servicio de limpieza y recogida de basura diario y más de 500 metros de azotea de uso comunitario. "Lo importante es dar servicio rápido y eficaz a los vecinos, que saben que además de derechos tienen obligaciones y respetan las normas y las instalaciones", insiste Mariano.

En la Casa de Juan Paje, la decana de las vecinas, una simpática mujer que se dejó las piernas en la hostelería, sobrevive de los Servicios Sociales municipales y de la ayuda de hijos y amigos. Está orgullosa de haber nacido allí, como su padre y como su abuelo, y de haber vuelto a un hogar renovado, después de seis años en un barrio ajeno a su vida. Pero no se le escapa la necesidad urgente de obras de mantenimiento.

Nadie pone en duda los logros del Plan de Rehabilitación del Casco Histórico en Cádiz. Pero hay quien opina que si la Junta no hubiese invertido en la adquisición de inmuebles -a veces imprescindible en el caso de fincas en manos de varios propietarios- aún tendría recursos para seguir rehabilitando y, por supuesto, para mantener en unas condiciones dignas el parque de viviendas públicas. Y quien está convencido de que el compromiso de mantenimiento de los antiguos inquilinos y de los alquileres tasados tan solo durante diez años es una escasa contraprestación económica y social a cambio de un edificio nuevo que se ha costeado con dinero público en más de un 70% de su presupuesto. A no ser que el propietario decida prorrogar ese compromiso.

Casa de Juan Paje y Casa Lasquetty, dos caras de la vida en fincas rehabilitadas del casco histórico de Cádiz.