El Cerro del Moro, como tal, no tendría que haber existido nunca. El Plan de Ordenación Urbana que se elaboró tras la Explosión de 1947 reservaba todo el suelo de la ciudad que había entre la vía del tren y la Bahía (entonces, ni el tren estaba soterrado ni se había ejecutado el relleno para levantar la barriada de La Paz) para equipamientos industrial.

Sin embargo, la necesidad urgente de viviendas sociales baratas, y más tras la catástrofe del 47, provocó la construcción de bloques de pisos claramente provisionales tanto por el reducido tamaño de las casas como por la ínfima calidad de los materiales constructivos elegidos. Lo que iba a ser provisional terminó por convertirse en permanente, hasta el punto que ahora se proyecta el derribo de las últimas fincas con más de cincuenta años de antigüedad.

Así nació el Cerro del Moro. A sus estrechas viviendas se trasladaron muchos de los damnificados por la Explosión y familias que vivían en infraviviendas del casco antiguo. Un barrio, como el cercano de Puntales, sin equipamientos, sin redes de saneamientos, nada más que casas y casas que, encima, sufrían la ruptura en su relación con el resto de la ciudad que suponía el muro de la vía férrea.

La crisis social y económica que sufrió la ciudad a partir de la década de los setenta, convirtió al Cerro en un barrio puramente marginal, donde abundaba el tráfico y consumo de drogas. 

A la par que esta degradación social, el nacimiento de las primeras asociaciones de vecinos volcadas en el bienestar de sus vecinos inició un proceso de reivindicación ante las administraciones. Enrique Blanco, al frente de esta asociación, lideró estas manifestaciones contando pronto con el apoyo de los primeros ayuntamientos de la democracia.

Así nace el proyecto de rehabilitar íntegramente el barrio. No era arreglar lo ya existente. Se iba más allá. En un actuación única en Andalucía, como años más tarde pasará con el Plan de Rehabilitación del Casco Antiguo, se decide el derribo de todo el barrio y la construcción de nuevos edificios. Serán meses de intensas negociaciones y debates. Y de asambleas vecinales, con políticos incluidos, muy tensas.

No era fácil actuar. Suponía el derribo de 500 casas y la construcción de otras 489, incluyendo equipamientos ciudadanos y la apertura de locales comerciales. Obras que iban parejas a la organización de cursos y talleres formativos para todos los vecinos con el fin de sacar al barrio de ostracismo.

De la mano del Ayuntamiento, la primera promoción se entrega en 1992. Se trabaja a buen ritmo. Cerca de cien viviendas nuevas cada dos años. Los vecinos comienzan a ver que los compromisos políticos se cumplen. Desciende la conflictividad social, baja el tráfico de drogas. El Cerro, en definitiva, se abre la ciudad.

Y la ciudad se abrirá al Cerro gracias a un proyecto no previsto cuando se inició el Plan: el soterramiento de la vía férrea. Esta obra dejó a un barrio hasta ese momento casi en los arrabales de la ciudad, a escasos minutos de la Avenida y del Paseo Marítimo. A pie ya de la nueva avenida de Juan Carlos I, a escasos metros del Hospital y de la estación de Cercanías del Estadio. Por primera vez comienzan a abrir tiendas alejadas del día a día de los vecinos e incluso, hace tres años, contó con iluminación navideña.

Otros dos proyectos extras siguen sin definirse pero lograrán reforzar más el barrio cuando, alguna vez, salgan adelante: los usos ciudadanos en los Depósitos de Tabaco (con equipamientos sociales y, se supone, la sede de la Ciudad de la Justicia) y el tantas veces prometido Hospital Regional, que se levantará en la misma frontera del Cerro del Moro, con todo lo que ellos supondrá de movimiento económico.

En todo caso, la remodelación del barrio no ha sido un camino de rosas. Que vaya a tardar 30 años en lugar de los 10 previstos es un ejemplo de ello. 

Lo cierto es que el inicio ágil de todas las obras chocó con el enfrentamiento político entre el Ayuntamiento y la Junta cuando ésta asumió el control de la política de vivienda en 1999. A partir de entonces los retrasos en las obras de remodelación fueron continuos. Tras la tercera fase concluida en 1999, para la cuarta hubo de esperarse hasta el 2003 y la quinta llegó en el 2005. La sexta, avanzó a trompicones, con numerosos parones y otras tantas protestas vecinales. La crisis económicas tocó de lleno a una operación que iba a ser modélica.

Las dos últimas fases que ahora se afrontan, la séptima y la octava, también han chocado con los problemas financieros de la Junta, hasta el punto que ha sido el esfuerzo realizado desde la Delegación Provincial de Fomento en Cadiz, siendo delegado el socialista Federico Fernández, el que consiguió fondos extras para afrontar estos trabajos, que ahora se anuncian tras la directa colaboración del Ayuntamiento de Cádiz.

Todo para terminar lo que iba a durar diez años en treinta.