El juez de la Audiencia Provincial de Cádiz ha rechazado la petición de nulidad del juicio por el caso Rilco de los abogados de los exdelegados de Zona Franca Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna y ha admitido una petición parcial de Osuna y le ha quitado la acusación de falsedad continuada en documento público. 

Hoy se ha reanudado el juicio contra los dos exdelegados de la Zona Franca nombrados en la anterior etapa de Gobierno del PP y para los que se piden penas de diez y trece años de prisión, para Rodríguez de Castro y Osuna respectivamente y el pago de una multa de ocho millones de euros, por malversación de caudales públicos y fraude en la obtención de subvenciones, entre otros delitos. 

Están acusados por el caso Rilco, un portal ideado para promover el comercio con Iberoamérica y que supuestamente acabó convertido en un vehículo de desvío de fondos públicos. 

En el banquillo de los acusados también se ha sentado el matrimonio estadounidense German y Carmen Leiva, quienes según el fiscal se presentaron al concurso público para poner en marcha Rilco con un plan "previamente concertado" y a quien Rodríguez de Castro "les dijo previamente que les adjudicaría el contrato"; y los funcionarios José Sánchez de Medina y Rafael Ortiz, éste último representándose así mismo. 

Después de que el pasado viernes, los abogados de la defensa de los exdelegados de la Zona Franca de Cádiz pidieran la nulidad del juicio por defectos de forma en el proceso de instrucción, el juez de la Sala Tercera de la Audiencia Provincial ha anunciado esta mañana su rechazo a esta petición por lo que continuará a lo largo de la mañana de hoy y de los próximos días. 

No obstante, el juez ha decidido aceptar parcialmente las alegaciones del abogado de Miguel Osuna y ha suprimido de la acusación el delito de falsedad continuada en documento público debido a que el único día que prestó declaración lo hizo como testigo y no como imputado. 

El fiscal pedía para Osuna por este delito 5 años de prisión y multa de 18 meses con una cuota diaria de diez euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público de 5 años. 

En el día de hoy está previsto que presten declaración todos los acusados, el primero Manuel Rodríguez de Castro.