El juez apunta en el auto que da por finalizada la instrucción del caso Rilco que Miguel Osuna, ex delegado de la Zona Franca, pudo cometer un delito de omisión del deber de perseguir delitos o de encubrimiento. Pero la Fiscalía considera que los hechos que el auto judicial relata respecto a Osuna le permiten acusarlo de un delito de malversación de caudales públicos. El fiscal asignado al caso cree que esa calificación es más ajustada que la señalada por el juez.

El auto judicial imputa varios delitos a Osuna, a Manuel Rodríguez de Castro, también ex delegado de la Zona Franca, a los empresarios americanos Germán y Carmen Leyva y a dos ex directivos de la Zona Franca: entre otros, prevaricación, fraude, malversación de fondos y falsedad documental. Todos ellos relacionados con la puesta en marcha de un portal informático, denominado Rilco, destinado a servir de puente comercial entre países de ambos lados del Atlántico. El juez estima que hay indicios de que a finales de 2000, Rodríguez de Castro consciente de las dificultades que tenía para seguir en su cargo, guiado por un ánimo de lucro, se concertó con el matrimonio Leyva, con el que mantenía vínculos comerciales, con el fin de detraer para su beneficio particular fondos públicos. Y que el plan consistió en adjudicar la creación y desarrollo del portal Rilco a MFZ Services Income, una empresa creada ad hoc por los Leyva.

La Zona Franca abonó por el portal 6,7 millones de euros. De ellos, MZF se llevó 4,2. A principios de marzo de 2001, Miguel Osuna sucedió a Rodríguez de Castro al frente de la Zona Franca, ambos nombrados por el Gobierno del PP. El juez explica en su auto que hay indicios de que Osuna decidió en un primer momento no abonar las cantidades de dinero comprometidas con MZF y retuvo en una cuenta mancomunada el importe hasta asegurar la correcta ejecución del contrato sobre el desarrollo del portal Rilco. Agrega el juez que personal de Rilco llegó a advertir a Osuna de que MFZ estaba aportando al portal informático un programa copiado de otro que era de acceso libre en internet. Osuna llegó a requerir a MZF sobre el alcance del trabajo que había realizado esa empresa hasta el momento y sobre la existencia de un subcontratación no autorizada, anota el juez. Agrega que Camila Leyva le comunicó entonces a Osuna que todo estaba correcto, pero que lo hizo con informaciones genéricas que el delegado de la Zona Franca no comprobó pese a que ofrecían "claras sospechas".

El juez señala que pese a recibir esa información sospechosa y sin solicitar información complementaria al personal especializado en la materia, Osuna decidió abonar las cantidades comprometidas con MZF. Los últimos pagos de la Zona Franca a esa empresa, que completaban los 4,2 millones de euros, fueron realizados a finales de 2002.

La Fiscalía cree que esos hechos supuestamente cometidos por Osuna encajan con un delito de malversación de caudales públicos. Ésa será probablemente la calificación provisional que lleve el fiscal al juicio pese a que el juez apunta en su auto otra distinta: omisión del deber de perseguir delitos o, en su caso, encubrimiento. La apreciación del juez no es vinculante para el fiscal ni para las acusaciones. Sí lo son los hechos que el juez relata y que conducen a los imputados al banquillo. El Código Penal prevé una pena de 3 a 6 años de prisión para la autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones. Si la malversación revistiera especial gravedad, la pena es de 4 a 8 años de cárcel.