"No podemos saltarnos la lista de más de 1.000 gaditanos en peores condiciones"

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz explicó que las reclamaciones que el pasado lunes realizaron en el seno del Pleno municipal las gaditanas Milagros Arzúa y Aysha Elmortada sobre la adjudicación inmediata de una vivienda social "supone saltarnos a más de 1.000 gaditanos que están por delante de ellas en el Registro de Demandante de Vivienda y cometer una ilegalidad que no vamos a realizar". Sobre las peticiones de estas dos mujeres, que han okupado viviendas en la capital, el Ayuntamiento apuntó que ni ellas "ni nadie puede obligar, inducir o presionar en modo ni medida alguna al equipo de gobierno para cometer esta o cualquier otra ilegalidad".

"No podemos ni vamos a saltarnos el listado de más de 1.000 gaditanos que están en peores condiciones socioeconómicas y, por tanto, con mejor derecho -tal y como reconoció el juez de instrucción que ha ordenado el desalojo de una de ellas- de acceder a una vivienda social municipal", se dijo ayer desde el Consistorio. El equipo de gobierno precisó que uno de los hechos que contribuyen a que una de ellas, concretamente Milagros Arzúa, en el puesto 1.967, no esté en posición más adelantada en el Registro de Demandante de Vivienda se debe a que su familia -su padre y dos hermanos- ha sido adjudicataria de tres viviendas sociales, "lo que supone un esfuerzo social muy importante en el seno de una misma familia".

De hecho, una de las opciones de alojamiento que el Ayuntamiento ofreció a Milagros consistía en residir con su padre en su vivienda hasta que encontrara una adecuada. No obstante, "rechazó esta posibilidad".

El equipo de gobierno "entiende" la situación que están atravesando ambas gaditanas, "al igual que entiende la de los demandantes de vivienda que le preceden" y, por ello, "se les ha ofrecido que busquen una vivienda de alquiler y el Ayuntamiento ayudaría a pagar hasta el 90 por ciento del alquiler mensual, tal y como se comprometió hace unos días con Milagros". En esta línea, recordó que el pasado lunes el Pleno aprobó por unanimidad la propuesta del equipo de gobierno consistente en abonar la ayuda para el alquiler social de una vivienda directamente al arrendador, dentro de los cinco primeros días del mes, en vez de al usuario de la prestación, como medida para ofrecer más garantías y confianza al arrendador a la hora de alquilar.

Milagros Arzúa confirmaba a este medio que desde Asuntos Sociales le habían sugerido ayer mismo que buscase una vivienda en alquiler, cuyo pago se iba a realizar desde el Ayuntamiento directamente al arrendador.