Luisa Cortés y Rafael Lara, de la delegación de Cádiz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), afirmaron ayer que "disponer de vivienda y trabajo son la base fundamental para no caer en la exclusión social" como premisa para analizar la situación de la vivienda en Cádiz y las acciones puestas en marcha junto con otros colectivos sociales tras las reuniones mantenidas en la Mesa de Vivienda del Consejo para la Inclusión Social del Ayuntamiento y con el delegado de Fomento y Vivienda la Junta en Cádiz.

Previamente la APDHA mostró su rechazo al recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra el Decreto de Vivienda de la Junta de Andalucía, por entender que "supone un recorte a los avances que recogía en beneficio de los bancos y los especuladores", por lo que se suman a la concentración convocada por la Plataforma Social de Cádiz para el viernes de la semana próxima, a las doce del mediodía, ante la Subdelegación del Gobierno.

Luego, tras reiterar que el paro y la falta de vivienda son las puertas para entrar en la exclusión social, precisaron que durante los últimos meses habían impulsado un proceso con diversos colectivos y organizaciones sociales y vecinales para abordar el problema de la vivienda de Cádiz, lo que ha desembocado en la constitución de una 'Plataforma por el derecho a una vivienda digna y contra la exclusión social en Cádiz', y elaborado una reivindicaciones generales.

Asimismo aludieron a las reuniones con el Ayuntamiento y la Junta, indicando que el Consistorio se había limitado en la práctica a crear un foro virtual, lo que calificaron como "una tomadura de pelo para la gente que padece graves problemas sociales", añadiendo que falta voluntad política al respecto.

En cuanto a la Delegación de la Junta, indicaron que comparten su filosofía de fondo, pero tampoco ha adaptado medidas concretas para paliar el problema de la vivienda.

Tras indicar que "el enfrentamiento político entre PP y PSOE está hundiendo a la provincia", pasaron a abordar la situación de la vivienda en Cádiz. Destacaron que son al menos unas 3.000 personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda en alquiler, lo que se contradice con la inexistencia de promociones nuevas para los próximos tres años; la no adjudicación de las 102 de Matadero, que llevan un año terminadas y que incluyen también el realojo, y la existencia de un solar junto a Matadero, sobre el que no se aclaran ni la Junta, que es su propietaria, ni el Ayuntamiento.

También demandaron vigilancia y control del parque de viviendas públicas en alquiler, apuntando que hace dos años el Ayuntamiento reconoció que había detectado un 60 % de fraude, lo que iba a investigar, sin que hasta la fecha se conozcan las medidas adoptadas.

En cuanto al acceso a la vivienda en régimen de propiedad de promoción pública cifraron en unas 4.000 a las personas que figuran inscritas en el registro municipal correspondientes para adquirirlas o alquilarlas con opción de compra, mientras que existen solares públicos y privados vacíos, mientras que las promociones de la Junta no superan el centenar de viviendas, repartidas en las antiguas bodegas de Abarzuza y las calles Cruz y Osorio.

Sobre la infravivienda indicaron que aunque se ha avanzado mucho en los últimos años, aún queda mucho por realizar sobre todo en el casco antiguo, donde la Junta de Andalucía ha paralizado el Plan de Rehabilitación, y el Ayuntamiento no aplica la Ordenanza Municipal de eliminación de la infravivienda. "Ambas administraciones son las que nos piden datos al respecto", dijeron, para añadir que "vamos a hacer un estudio, junto con las asociaciones vecinales, para conocer el número de viviendas vacías y los casos de infravivienda, que pueden ser unos 150".

Por último también destacaron que aumenta el número de personas y de familias sin hogar, sin que se conozca ninguna actuación específica por parte de las administraciones para solucionarlo.