La operación de la Junta para construir 369 nuevas viviendas en Cádiz

La Junta de Andalucía sigue adelante con su plan, pactado con el Ayuntamiento de Cádiz, de desprenderse de la titularidad y cambiar el uso actual de tres solares y edificios de la ciudad para abrir la puerta a la construcción de nuevas viviendas. De 369 nuevas viviendas, en concreto, que es la suma que la propia administración andaluza hace de las tres acciones urbanísticas que ejecutará en los próximos meses.

Los espacios señalados para llevar a cabo este cambio de uso que permite la nueva ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio andaluz (LISTA) son ya conocidos, pues hace meses lo avanzó la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, en una rueda de prensa que ofreció junto al alcalde de Cádiz, Bruno García. Se trata de la antigua escuela de Náutica, en Duque de Nájera (frente a la playa de la Caleta), del solar de Tolosa Latour donde originalmente iba a construirse la Ciudad de la Justicia, y de la finca de la esquina de Marqués de Valdeíñigo con San Francisco, en pleno casco histórico.

En Náutica contempla la Junta la construcción de un total de 165 viviendas, que adelanta también que serán de renta libre y de protección oficial, reafirmando así la operación que el alcalde comparó en su día con la que Zona Franca lidera para el espacio de Navalips; es decir, para tumbar la opción de que el 100% de las viviendas resultantes de Náutica se destinaran a protección oficial.

Además de estas viviendas, el plan pactado entre Junta y Ayuntamiento contempla la habilitación de locales comerciales, así como de espacios libres. La complejidad de esta operación estará en hacer compatibles las viviendas y los locales con el grado de protección del edificio, que impide su demolición.

La otra gran operación urbanística será la de Tolosa Latour, donde se pretende recuperar para la ciudad un solar de 10.000 metros cuadrados donde se han ideado la construcción de 191 viviendas (también mezclando el mercado libre con la protección) y donde se dará espacio igualmente a un equipamiento administrativo que dará espacio a más de 300 trabajadores (que viene a ser la misma capacidad que tendrá el nuevo edificio que la Administración del Estado ha proyectado para el solar de la Subdelegación, en la Avenida principal de la ciudad, que actualmente está en fase de licitación de las obras y que empleará una edificabilidad de 7.200 metros cuadrados), a equipamientos comerciales y dotacionales y a espacios verdes e incluso una zona verde.

Por último, se modificará el uso actual de la céntrica finca de Marqués de Valdeíñigo, cerrada desde hace años, donde se ha proyectado la construcción de otras 13 viviendas (también libres y protegidas, como el resto de las actuaciones) y locales comerciales.

El procedimiento a seguir

Más allá de estos datos hechos públicos por la administración andaluza, ahora hay que viabilizar estas tres operaciones. Y la pelota pasa al tejado municipal, ya que en base al convenio es el Ayuntamiento quien tiene que plasmar esos cambios de uso en la nueva ordenación, para definir los detalles de cada espacio.

Será una vez culminada esta tramitación municipal cuando la Junta pueda proceder a la liberación de esos espacios. Para ello, la fórmula que plantea el gobierno andaluz es la de la subasta pública, que permitirá a las empresas que quieran ejecutar esos proyectos presentar la oferta correspondiente.

Este modelo lo viene repitiendo la Junta de Andalucía en los últimos años, habiendo sacado en el caso de Cádiz capital operaciones similares en la antigua residencia de Tiempo Libre, en el Paseo Marítimo, o en el solar de Puntales donde el Grupo Q levantará 202 viviendas con precios limitados.

De este modo, quedan en el aire dos incógnitas fundamentales para que estas 369 viviendas sean una realidad en Cádiz. De un lado, cuándo podrán empezar a construirse, en base a lo que se alargue la tramitación municipal y el posterior proceso de enajenación que lleve a cabo la Junta de Andalucía; y de otro lado, vinculado a esto último, saber qué precio dará la administración autonómica a cada espacio que será adquirido por un tercero para ejecutar esas viviendas y resto de espacios y usos previstos.