Cádiz

Los okupas de la Corrala de la Bahía se exponen a multa y desalojo

  • Fiscalía pide el pago de tres euros diarios durante tres meses a cada uno por usurpación

El destino de los ocupantes de las fincas de avenida Portugal y Flamenco, 2 está visto para sentencia desde ayer. El Juzgado número 3 de Cádiz tomó declaración ayer a los miembros de las familias que se hicieron con las viviendas deshabitadas y fijó la fecha de resolución para el próximo 17 de enero. La Fiscalía ha reclamado en ambos casos, pues la Corrala de la Bahía se dividió en dos partes hace dos meses, el desalojo y una multa económica por presuntos delitos de usurpación.

 

Según la letrada de los ocupantes,  Esther Coto, la cantidad económica solicitada sería de tres euros diarios durante tres meses. No obstante, Coto adelantó que gran parte de los afectados se declararan insolventes en caso de condena por usurpación. Una circunstancia que se repetirá, en su mayoría, tanto en las seis familias de Flamenco, 2 como en las que las otras seis de la avenida Portugal. El hecho de no contar con antecedentes penales les permitirá eludir el pago de la multa si acreditan la imposibilidad de afrontarla. Sin embargo, otra pena más adelante les podría llevar a prisión.

 

La Corrala de la Bahía se hizo con parte de un edificio en desuso en avenida Portugal, a la altura del Bar Stop, en enero del año pasado. Ahora algunos siguen allí, otros se fueron a la calle Flamenco, lo que hace que cada caso ante la justicia sea similar pero no idéntico. 

 

Por una parte, la denuncia por el inmueble de Portugal proviene de la Policía Nacional, quien detectó la incursión de varias personas en la finca y procedió a las identificaciones. La propietaria de este edificio, una entidad bancaria, no se presentó ayer en los juzgados. "Ha quedado acreditado que no ha habido respuesta del banco para ver si consiente que estén en la casa", explicó Coto a este diario. Además, sostuvo que "la ley pide que se manifieste expresamente si consiente o no", al mismo tiempo que destacó que la causa podría haberse llevado por la vía civil y no por la penal. 

 

Por otro lado, en lo concerniente a Flamenco, 2, la denuncia proviene de la dueña de la sociedad poseedora del inmueble. En este caso, Coto basa su defensa en que  una parte de la jurisprudencia mantiene que "si no haces la posesión sobre el inmueble tuyo no hay usurpación" y resaltó que las viviendas no disponían de cédula de habitabilidad. Los autores materiales del presunto delito de usurpación comparecieron ante el juez para aclarar que entraron en el inmueble porque estaba vacío y abierto. Para Coto, la solución pasa por un alquiler social para los ocupantes "adecuado a sus posibilidades ".

 

La concejala de Vivienda, Eva Tubío, también estuvo presente en la mañana de ayer en los tribunales en apoyo de las familias. Tubío confirmó que seguirán insistiendo para negociar con la entidad bancaria poseedora del inmueble de la avenida Portugal. Por último, recordó que el Ayuntamiento de Cádiz no se posiciona a favor de ninguna de las partes enfrentadas en litigio, pero sí urgió a dar respuestas en materia de vivienda en Cádiz.

 

A medida que fueron declarando en los tribunales muchos de los 'inquilinos' de estos inmuebles, primero lo hicieron los de la calle Flamenco, la sensación fue dispar entre los comparecientes. Si bien algunos manifestaron abiertamente su resignada sensación de estar cercanos a la expulsión, otros expresaron un tono más reivindicativo y adelantaron que no se cansarán de protestar. 

 

Una de las mujeres integrantes de la Corrala de la Bahía recriminó a las administraciones la falta de acuerdo en materia de vivienda y exigió que "las casas que estén vacías se recuperen para la gente", y ratificó que han propuesto de manera verbal la posibilidad de un alquiler social acorde a los ingresos de cada familia. "Nosotros no queremos nada gratis, nosotros lo que queremos es un alquiler social", demandó. Asimismo, se quejó de la falta de premura de las autoridades y mantuvo que "no puedo estar debajo de un puente esperando una casa, tengo que lucharla". 

 

La posible expulsión de las familias se conocerá la próxima semana. Ante este escenario incierto, la salida planteada por los afectados es el alquiler social.

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