Tanto canto a Cádiz durante décadas no ha servido para mantener en pie algunas de las joyas de su patrimonio arquitectónico. El siglo XX fue especialmente cruel para nuestra historia hasta que en 1979, la llegada de los ayuntamientos democráticos paró tanta destrucción y tanto desprecio.

En muchos casos, los edificios desaparecidos lo hicieron ante el silencio y la ignorancia de la ciudadanía y sólo el paso del tiempo, y el recuerdo que dejan las postales y las viejas fotografías en blanco y negro han provocado el lamento por lo perdido. Solo en casos muy puntuales, y especialmente en épocas recientes, ha sido la ciudadanía la que ha protestado y, en muchos casos, ha logrado la continuidad del desastre urbano.

Podemos retroceder hasta hace más de un siglo, en 1906, para constatar la creación de la primera asociación en defensa de nuestro patrimonio. Nació entonces ante el anuncio del inicio del derribo de las murallas que entonces casi rodeaban a la ciudad, hoy el casco histórico. El plan era, y fue, iniciar la demolición por la zona de la Puerta del Mar, frente a la plaza del Ayuntamiento. Un grupo de gaditanos planteó la necesidad de mantener esta fortificación. Propusieron un cambio de uso, pasando de su utilización como depósitos de mercancías a tener un valor turístico, como pasaba en otras grandes capitales europeas. Sin embargo, el concepto de Cádiz como ciudad turística y cultural aún tardaría décadas en calar entre la clase política.

Si el derribo de buena parte de las murallas cambió la fisonomía de la ciudad, una operación urbanística de gran calado podía haber provocado una transformación aún más radical, y sin duda muy perniciosa para el propio futuro de Cádiz. Fue el denominado Cádiz-III, una operación público y privada que a finales de la década de los sesenta y principios de los setenta planteó el relleno y urbanización de buena parte del istmo entre Cádiz y La Isla. Aquí no hubo asociación alguna pero sí una protesta activa desde un dinámico Colegio de Arquitectos y desde el primitivo movimiento vecinal, que junto a un sorprendente apoyo de la entonces administración central franquista, evitó el desaguisado.

Será a finales de los años setenta cuando la recogida de firmas comience a ser habitual a la hora de reclamar la continuidad de equipamientos ciudadanos. Fue sonado en su día la protesta ante la construcción de un espigón, entre 1977 y 1979, para la Escuela de Náutica en plena playa de La Caleta. Tres mil firmas de otros tantos gaditanos animaron a la entonces Dirección General del Patrimonio Artístico a ordenar el derribo de lo ya construido y el retorno a la imagen primitiva de tan típico rincón.

Treinta años más tarde, un grupo de vecinos creó una asociación en defensa del edificio de la Aduana Nueva, cuyo derribo estaba incluido en el Plan Plaza de Sevilla. Consiguieron, en 2009, varios miles de firmas. Aunque la Junta había apoyado desde un principio esta demolición, especialmente al considerarse que el edificio, de apenas cincuenta años, apenas tenía valor artístico e histórico, la Consejería de Cultura ordenó desde Sevilla su inclusión como edificio protegido. La decisión dividió a la ciudad, y sigue dividida en este asunto que provocó la paralización del Plan Plaza de Sevilla.

Antes, en los oscuros años del franquismo cuando era patente el desprecio al legado del patrimonio, la piqueta terminó con ejemplos de la arquitectura urbana cuya ausencia hoy se lamenta. La lista es larga, aunque cabe recordar la Casa Palacio de Ángulo en la avenida del Puerto, el Cine Gades en la misma vía, la sede del Círculo Mercantil en la calle Ancha, la sede primitiva de la Biblioteca Provincial, la fachada del manicomio... Entonces no hubo protesta ciudadana ni se crearon colectivos en defensa de estos edificios.