El juicio por la estafa inmobiliaria comenzará el lunes próximo

Luis Manuel G. R. de 37 años, y Ana S.G., de 38, acusados de haber estafado a más de una veintena de personas por el sistema de venderles los mismos pisos a varios compradores y además quedarse con los anticipos que abonaban, serán juzgados por fin los próximos días 8, 9 y 10 de octubre, en la Audiencia Provincial de Cádiz, después de que la vista se haya suspendido, por diferentes razones, hasta tres veces.

El fiscal pide cinco años de prisión para cada uno de ellos por un delito de estafa continuada. La acusación pública afirma que ambos vendieron cinco pisos a más de una veintena de personas diferentes, y que por medio de este ardid obtuvieron un beneficio ilegal de 201.500 euros, aunque en sus investigaciones iniciales la Policía cifró en más de 768.000 euros la cantidad supuestamente estafada por la pareja. Cuatro de esos pisos eran propiedad de Ana y uno de Luis, al 50% con su ex mujer, totalmente ajena al caso.

El caso, que el grupo Udyco III bautizó en sus inicios como 'Operación Burbuja Inmobiliaria', saltó de forma escandalosa a la luz pública el pasado 6 de marzo de 2009. Ese día se destapó que la agencia inmobiliaria Red Casa, propiedad de Luis, había servido supuestamente de base para una estafa a gran nivel.

El primer día se habló de varios cientos de posibles afectados en toda España, atendiendo a la lista de clientes de esta agencia que se habrían interesado por los pisos. Posteriormente, la relación se reduciría bastante. Pero la Policía llegó a hablar con muchas de estas personas, algunas de las cuales se salvaron de caer en la supuesta estafa por muy poco. Muchos de los que sí resultaron afectados eran parejas que habían dado cantidades entre los 2.000 y los 12.000 euros.

Los hechos se refieren a una vivienda de Chiclana, que Luis M. G. R. tenía en propiedad con su exmujer y que este ofertó por internet a un precio notablemente inferior al del mercado. Según el escrito del fiscal, llegó a cobrar y apropiarse de señales entregadas por tres compradores, mientras que tenía negociaciones muy avanzadas con otros cuatro clientes, que se vieron frustradas al saltar el caso a la prensa.

Por su parte, según el fiscal la acusada Ana S.G. , "en concierto con Luis , que actuaba de corredor y gancho", procedió a realizar contratos similares con cuatro pisos de su propiedad en Cádiz, ofertándolo por un precio muy inferior también al del mercado y ocultando los gravámenes que pesaban sobre las fincas, "consiguiendo de este modo, que le entregaran cantidades como arras o adelanto de precio, de las que se apropió". De esta forma, más de una veintena de personas se vieron afectadas en diferentes cantidades por la supuesta estafa.

Por todo ello, el fiscal cree que los hechos son constitutivos de un delito de estafa continuada y solicita que se imponga a cada uno de los acusados la pena de cinco años de prisión, inhabilitación para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 11 meses a razón de seis euros por día, con arresto sustitutorio en caso de impago.

Además, pide que los dos acusados paguen la correspondiente indemnización a cada una de las supuestas víctimas, por un importe igual al de las pérdidas sufridas por cada una de ellas, en cifras que van desde los 2.000 euros hasta poco más de los 22.000, lo que hace una cantidad cercana a los 190.000 euros.

El juicio debe comenzar el próximo lunes 8, a las 9 de la mañana en la Audiencia Provincial y en principio está previsto que las sesiones duren hasta el miércoles día 10.