El Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz ha archivado provisionalmente la causa penal abierta contra el dueño del bar Grimaldi, investigado por la intoxicación masiva que sufrieron más de un centenar de personas durante los Carnavales de 2016 por la ingesta de tortilla elaborada en este establecimiento, tras la cual falleció un joven con patologías previas.

El juez instructor, el magistrado Miguel Ángel López Marchena, también ha sobreseído el caso respecto al granjero que suministró huevos con salmonela al propietario de este bar, que echó el cierre tras el incidente y después reabrió sus puertas.

El procedimiento judicial sigue adelante con la única imputación del cocinero, en cuanto el juez entiende que “las causas más relevantes” que dieron lugar al brote fueron “la manipulación incorrecta de los huevos por parte de éste, con incumplimientos de las medidas higiénicas, y la no adecuada conservación de las tortillas una vez elaboradas, lo que originó la puesta en el mercado de un producto perjudicial y nocivo para la salud”.

“Los hechos valorados”, expone el juez en un reciente auto, “son atribuibles penalmente al cocinero, que es la persona responsable del proceso de elaboración de las tortillas, sin que, por el contrario, hayan aflorado indicios suficientes para continuar el procedimiento contra el propietario del bar ni contra el dueño de la explotación avícola”.

Según López Marchena, la responsabilidad del gerente del bar Grimaldi, que ha sido representado por el abogado Felipe Meléndez, “debe ceñirse y concretarse al ámbito de la responsabilidad civil”.

Deficiencias sanitarias

Durante la fase de instrucción de este caso, el juez ha llegado a la conclusión de que en el bar Grimaldi “se fabricaron comestibles (tortillas) destinados al consumo con incumplimiento de normas sobre elaboración y conservación”, lo que determinó que fuesen “nocivos para la salud por contaminación” y cuya venta causó “un peligro para la salud de las personas”.

El cocinero, investigado por un delito contra la salud pública en concurso con un delito de homicidio imprudente, fue el encargado de la preparación de las tortillas “única y exclusivamente”. Por tanto, el dueño del establecimiento, argumenta el juez, “no participó” en su elaboración.

El auto judicial especifica que “las tortillas fueron hechas con mucho tiempo de antelación a su venta” en un local con “deficiencias higiénico sanitarias que incumplían una serie de normas administrativas”. Así, “las condiciones de higiene y limpieza de la cocina no eran adecuadas ni existían condiciones de almacenamiento para productos apropiadas”.

Una vez hechas, “la conservación de las tortillas fue a temperatura ambiente hasta el montaje de los bocadillos”. Una vez preparados estos, se mantuvieron igualmente a temperatura ambiente, “a unos 20 grados, cuando se deberían haber guardado en cámaras de frío”.

En el montaje de los bocadillos, ya para su venta, participaron empleados que comieron tortillas en el propio bar y fueron a trabajar con síntomas gastrointestinales que perduraron durante la jornada laboral, “lo que facilitó aún más el contagio de los clientes”.