Lleva trece años de retraso. Y todo apunta a que este tiempo seguirá ampliándose. La construcción de una Ciudad de la Justicia en la ciudad parece hoy en día un imposible. Y de esta manera, aunque con otras palabras, se lo ha hecho saber la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía (administración encargada de este proyecto) al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, en respuesta a una queja del colegio de Graduados Sociales de Cádiz.

En dicho escrito se recuerda que el proyecto se ha preparado para "sacar a licitar las obras de construcción por procedimiento de colaboración con el sector privado". Una fórmula que el anterior consejero de Justicia, Francisco Menacho, recordaba en enero de 2012 que se había llevado a cabo con éxito en Córdoba y que serviría para sacar adelante un proyecto que "es absolutamente impensable la posibilidad de su financiación a través del presupuesto ordinario de inversiones de la Consejería de Justicia e Interior", según señala ahora la Consejería al Defensor del Pueblo.

Pero llegados a este punto, el problema es que "dadas las dificultades actuales de las empresas privadas para conseguir los créditos necesarios para acometer estas costosas obras, debido esencialmente a las restricciones de los mercados financieros, tampoco parece ser una opción válida, motivo por el cual entendemos que la Consejería de Hacienda y Administración Pública no ha concedido hasta el momento la autorización solicitada".

Esto es precisamente lo que la Consejería de Justicia espera para empezar a construir este equipamiento judicial en Cádiz: la autorización de la Consejería de Hacienda, a la que hasta ahora no le salen las cuentas para llevar a cabo este proyecto; ni con fondos propios ni buscando socios privados que asuman el coste de la obra (que se estima en torno a 82 millones de euros) que la Junta devolvería después mediante "pago por disponibilidad" (una especie de alquiler que abonaría periódicamente la administración a esa empresa constructora). Así lleva Hacienda desde diciembre de 2011, cuando se remitió toda la documentación de este proyecto para que autorizara el gasto y la contratación de la obra.

Sin embargo, sí expone al Defensor del Pueblo Andaluz la Consejería de Justicia que de manera paralela se han ido dando pequeños pasos en relación a este eterno proyecto. Y esos pasos se centran ahora en el pequeño edificio que aún está levantado en un extremo de esa parcela (el colindante a la calle Granja de San Ildefonso) y que albergaba hasta hace poco las oficinas del INEM.

En relación a este edificio, se recuerda que en febrero de 2011 se autorizó la permuta de la antigua sede del INEM a la Diputación Provincial de Cádiz a cambio del antiguo Instituto del Rosario (en la calle San Francisco), lo que permitió configurar el solar definitivo de esa futura Ciudad de la Justicia.

Posteriormente, se ha redactado el proyecto de ejecución para la demolición del antiguo edificio del INEM, así como el estudio de seguridad y salud. Igualmente, explica la Consejería de Justicia que se ha contratado y redactado el proyecto para la intervención arqueológica en esa parcela.

Por tanto, se presume que el siguiente paso que dará la Junta de Andalucía en la futura Ciudad de la Justicia será el derribo de la antigua sede del INEM. Actualmente, este edificio presenta un manifiesto estado de abandono, a la espera de ser demolido para convertir prácticamente toda esa manzana en un enorme solar en el que en un futuro, se supone, debe reunirse toda la actividad judicial de la ciudad y parte de la Bahía.

A pesar de todo esto, la Consejería de Justicia aclara a Maeztu que mientras no se construye la Ciudad de la Justicia "se sigue trabajando día a día en la conservación, mantenimiento y mejora de las sedes judiciales actuales tanto de Cádiz capital como del resto de su provincia". Y el propio Maeztu considera "que se han producido algunos avances" y comprende que las circunstancias económicas actuales no son "precisamente propicias para realizar la inversión que debe suponer este proyecto".