La diferencia de interpretación de un artículo del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria entre el Ayuntamiento y la Consejería de Salud deja, por el momento, paralizado el proceso de exhumaciones solicitadas por el colectivo SOS Bebés Robados en el antiguo cementerio de San José. La presidenta de la asociación, Chary Herrera, manifestaba ayer al término de una reunión que mantuvo con el segundo teniente de alcaldesa, Ignacio Romaní, que "la cuestión sigue en el mismo punto", ya que mientras el Consistorio espera la autorización de la Junta para clausurar el camposanto y comenzar así con las exhumaciones, según Herrera la administración autonómica "nos ha comunicado por carta que pueden realizarse sin tener que estar clausurado el cementerio. La Junta lo interpreta de una manera y el Ayuntamiento de otra". De esta forma, SOS Bebés Robados espera que esta situación se desbloquee en una próxima reunión entre el Ayuntamiento y la Consejería con la presencia de representantes del colectivo.

Ignacio Romaní explicaba ayer que para clausurar definitivamente el cementerio "necesitamos un documento de autorización por parte de la Consejería de Salud. Nos han pedido información añadida y le hemos solicitado una reunión para dilucidar estas cuestiones técnicas. En cuanto se produzca la clausura, no habrá problemas para exhumar, tal como hemos acordado en convenio con Bebés Robados. Está todo preparado a la espera del visto bueno de la Junta".

El Consistorio y SOS Bebés Robados firmaron en mayo de 2013 un convenio por el que dicha administración se comprometía a realizar gratuitamente las exhumaciones que solicitase la asociación en el plazo de tres meses posterior a la clausura y que no se encuentren inmersas en un proceso judicial, ya que éstas siguen otro proceso dictado por el juez en cada caso.

Socios de SOS Bebés Robados se concentraban ayer a la puerta del Ayuntamiento para recordar que de las casi 60 exhumaciones solicitadas, la mayoría provienen de casos ocurridos en centros médicos de la capital: unos 200 entre el Hospital de Mora, el Puerta del Mar (principalmente cuando era Zamacola) y también en clínicas privadas. El último caso data de 1992 y el más antiguo, de 1938.

"En la mayoría de los casos coinciden muchos médicos, ginecólogos y pediatras, los que firmaban los partos. Incluso médicos hijos de otros médicos sospechosos", afirmaba Chary Herrera. "Nos llaman de forma oculta para decirnos que conocen casos de bebés robados, de familiares o vecinos. Todo eso lo hemos contado a la Policía porque son cuando menos adopciones irregulares, pero aquí no se investiga eso, no sabemos porqué", apuntaba Herrera.