La escuela pública se echará a la calle de nuevo este jueves “porque nada ha cambiado desde septiembre”, en lo que será una nueva movilización contra las medidas anti Covid tomadas por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y la amenaza de ampliación de conciertos para Bachillerato y grado superior de FP. Por ello, Marea Verde de Andalucía ha convocado una huelga general junto a Docentes por la Pública, CNT, SADI y SAT por parte del colectivo de trabajadoras de los centros de enseñanza; del lado de las familias, Escuelas de Calor, AMPAS en Pie y Grupo Activo Vuelta al Cole Segura de Puerto Real, y en el sector alumnado apoyan la iniciativa las Juventudes Libertarias, la Federación Estudiantil Libertaria y la Unión Sindical Estudiantil. En la capital gaditana, la propia Marea, junto a la Coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz, han organizado una concentración a las 12.00 horas en la plaza de Mina.

Entienden los convocantes que dos meses después del inicio del curso “las aulas siguen siendo entornos poco seguros, con muchos positivos por Covid en los centros, donde no se toman las medidas de seguridad necesarias para evitar contagios”. La escuela pública sigue denunciando ratios ilegales y la necesidad de más profesorado para que las familias puedan dejar a sus hijos en aulas seguras y para atender al alumnado con necesidades educativas especiales.

En un comunicado, Marea Verde indica que han protagonizado movilizaciones desde principio de curso y que esta huelga "no se concibe como su culminación, sino como un jalón más en la lucha en defensa de la educación pública andaluza", toda vez que manifiestan que la "nefasta" actuación de las autoridades educativas frente a la pandemia "es el corolario de una serie de medidas que tratan de minar en profundidad los cimientos de la pública".

Por ello, entre sus reivindicaciones está la bajada de ratio a 15 alumnos por aula y que se mantenga tras la pandemia; contratación de 20.000 profesores; fin de la precariedad; aplicación urgente del artículo 8.1 de la Ley de Bioclimatización que incide en la calidad del aire interior de las aulas y espacios educativos, de cara, entre otras cosas, a reducir el riesgo de contagios por aerosoles; o exigencia de que la nueva Ley de Educación -Lomloe- cuente con la participación de los colectivos educativos.

Además, demandan la ampliación de los contratos de refuerzos Covid para todo el curso 2020/21, y se oponen a la semipresencialidad "a costa del tiempo lectivo y del currículum, entendiendo que vulnera derechos fundamentales y que siembra aún más desigualdad", toda vez que piden un "aumento significativo" de la financiación y dotación de recursos de los centros educativos con el objetivo de que "la presencialidad se acompañe de seguridad", una reducción de las tasas universitarias y derogación del Decreto de Escolarización.

Asimismo, la movilización clamará contra el cierre de aulas y colegios y “los planes sectarios de privatización y desmantelamiento de lo público”. Como explica el sindicato Ustea-Cádiz, “el truco consiste en repetir que no existen suficientes plazas en la enseñanza pública para cubrir la demanda existente y que por este motivo es necesario acudir a centros privados para concertar dichas enseñanzas. Como todo truco de magia, tiene detrás una trampa: no ofertar plazas suficientes para que sea imposible atender toda la demanda”.