El reducido equipo de la recién constituida oficina del Bicentenario de la Constitución de 1812 apenas ocupaba un despacho en las dependencias de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz. Cuatro años más tarde, a punto de concluir su labor, la precariedad física de la oficina se mantiene, ahora reubicada en unos despachos cedidos por la Zona Franca, tan escasos en espacio que han obligado durante las últimas semanas a distribuir a una parte del personal por otras dependencias de la ciudad.

Este podía ser el ejemplo físico más elocuente de lo que ha sido la conmemoración de los doscientos años de la Constitución de 1812 en España. Iniciada su redacción en La Isla de León en 1810 y concluido el texto dos años más tarde en Cádiz, este evento iba a servir no sólo para celebrar el nacimiento de la primera gran Constitución española y una de las más claras oportunidades, perdidas, de llevar a nuestro país por la senda de la modernidad; iba a servir también para volver a poner a Cádiz en el mapa como una capital, pequeña y poco poblada, eso sí, bien equipada y preparada para vender de forma adecuada su rica cultura y su evidente potencial como ciudad turística, comercial y lúdica.

De la parte conmemorativa del aniversario de la Constitución, complicada misión pues ¿cómo se celebra el cumpleaños de un documento legal?, se debía de encargar un organismo nacido exprofeso para ello: la Comisión Nacional del Bicentenario, que debía de tener como brazo ejecutor al Consorcio del Bicentenario. Cierto es que de ellos no dependían nuevos equipamientos, nuevas infraestructuras, pero también es cierto que su opinión y su capacidad de influencia deberían de tener un papel importante a la hora de promover y agilizar operaciones que estaban en manos de otros entes públicos.

Bajo esta premisa, el Consorcio, y su oficina de gestión, deberían de haber sido la columna vertebral de toda la conmemoración del Bicentenario. Hoy, concluido el año del Doce y con el Consorcio ya en proceso de disolución, todas las administraciones públicas e instituciones y personas privadas que han tenido, directa o indirectamente, un papel relevante en esta conmemoración, coinciden en que el Consorcio no ha sido la columna vertebral que se esperaba y no por culpa de la inoperancia de sus numerosos rectores, que no lo han sido, sino por la inexistencia de un consenso entre todas estas administraciones que, en lugar de trabajar bajo un único objetivo prefirieron desde un principio sacar adelante el proyecto del Doce cada una por su lado, trabajando unidas únicamente en momentos muy puntuales y, casi siempre, tardíos.

Diario de Cádiz ha hablado, para la elaboración de este trabajo, con técnicos que han participado en el Bicentenario y, sobre todo, con los tres gerentes que la Oficina ha tenido durante la etapa en la que la Junta de Andalucía, en manos del PSOE, estuvo al frente del Consorcio, María Luisa García Juárez, Gabriel Almagro y Emilio Aragón. Es la primera vez que los tres hablan, públicamente, desde que, por distintos motivos, dejaron sus cargos al frente del Consorcio. El actual gerente, Pedro Flores, nombrado ya por el Partido Popular, ha preferido aguardar a la conclusión de su etapa de gobierno antes de hacer un balance de la misma.

En todo caso, de todo lo dicho por unos y otros se llega a una conclusión: que junto a la crisis económica, que azotó al Doce en el peor momento, ha sido la falta de unión entre las distintas administraciones lo que desde un principio incidió de forma negativa en la correcta preparación de este evento. Cierto es que, para quienes han seguido de forma directa los acontecimientos vividos a lo largo del último año, esta apreciación no es novedosa, pero sí lo es si lo ponemos en boca de quienes tuvieron un papel más relevante en el nacimiento del Consorcio y en la puesta en marcha del mismo en los años más relevantes. Una reflexión que debería de servir ante futuras conmemoraciones de fechas que han sido relevantes, incluso más que la propia de 1812, para la Historia de Cádiz.

Nos situamos hace cinco años, en 2007 cuando se aprueba todo el entramado legal que dará vida, o al menos con el que se pretende dar vida, al Consorcio. Al frente del mismo se pone a una abogada gaditana, María Luisa García Juárez, que ya había demostrado su capacidad gestora en instituciones como la delegación provincial de Justicia de la Junta en Cádiz, junto a otros cargos regionales.

Ella y un mínimo grupo de funcionarios comienzan a trabajar en un despacho de la Subdelegación del Gobierno. Tardaron seis meses en contar con una sede propia, con poco más de espacio y personal, en la Casa Pemán, en la plaza de San Antonio. Fueron seis meses, recuerda, "de locos. Pocos trabajadores para un trabajo ingente porque había que empezar de cero. Y junto a ello, mucha expectativa ciudadana y mucha presión mediática". A lo que se le unía un problema si cabe mayor: demasiadas "personalidades políticas" implicadas "que entorpecían mucho" el trabajo que se comenzaba a realizar.

Afirma García Juárez que desde un principio se tenía claro lo que se quería del Bicentenario. "Teníamos una definición previa muy clara del proyecto, aunque era una visión encargada por la Junta con un carácter muy particular de determinadas personas que, después, no estuvieron en el día a día de la organización. La idea es que la programación abarcase todo el año y que el epicentro de la misma fuese el Castillo de San Sebastián. Que fuera una fiesta de los gaditanos".

Ese concepto de conmemoración, que sobre el papel no debería de haber provocado duda alguna, acabó chocando con el personalismo de todas las administraciones políticas presentes en el Consorcio. "La figura jurídica (de este organismo) era clara. La decidió el Gobierno de Madrid (entonces en manos del PSOE) y tenía como objetivo el apoyo unánime de todos, por lo que si se hubieran respetados los estatutos se hubiera podido contar con más gente y más medios". El problema es que cada uno iba por su lado. El Consorcio comenzaba a plantear una serie de actividades… a la vez que el resto elaboraba las suyas propias".

En todo caso, rechaza García Juárez que se hubiese producido un enfrentamiento político con el Ayuntamiento propiciado desde el Consorcio, entonces presidido por el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, y cuyo exponente más claro fue, para muchos, la aprobación del logotipo de la celebración bajo la denominación de 'La Pepa' y donde el nombre de Cádiz y San Fernando apenas era visible.

"A la hora de aprobar el logotipo no hubo ninguna consigna política, a la vez que tampoco hubo por parte nuestra enfrentamiento con el Ayuntamiento. Nosotros lo encargamos a una empresa (la que había ofertado la idea más económica) porque había mucha urgencia en contar con el mismo. Todos los logotipos que se habían presentado pasaban por el nombre de La Pepa, por lo que no hubo ninguna intención de ignorar a Cádiz. El propio Ayuntamiento tenía entonces la marca de 'CCC' (Cádiz Ciudad Constitucional). La única consigna era que se estaba conmemorando una Constitución para toda España".

Considera la primera gerente del Consorcio que este logotipo "no ha restado nada a la celebración sino que ha sumado", recordando que en los discursos de los jefes de estado que participaron en Cádiz en la Cumbre Iberoamericana "siempre hacían referencia a La Pepa".

Y si rechaza disputas políticas contra el Ayuntamiento gobernado por la popular Teófila Martínez, también defiende, y será la única de los entrevistados para este reportaje, la labor del Gobierno Central en esta conmemoración. "El Estado sí apoyó el 2012", afirma categórica. "Había nombres muy implicados y con grandes conocimientos, como Álvarez Junco o Esteban Caamaño que tenían clara la importancia de esta celebración. El Estado sí hizo un importante trabajo".

Sí lamenta la falta de apoyo económico al evento por parte de las empresas privadas. Es ésta, sin duda, la segunda pata del fracaso de la celebración, en la que también coinciden todos los entrevistados.

El cambio en la normativa que controlaba las desgravaciones a las que se podían acoger las empresas patrocinadores fue un golpe muy duro para la organización del Doce. Hasta entonces estas firmas, como había ocurrido en Barcelona, Sevilla, Zaragoza o Valencia, obtenían importantes beneficios económicos con su presencia económica en acontecimientos de este tipo. A partir de Cádiz, sin embargo, el Gobierno redujo hasta casi al cero estos beneficios fiscales. Esta circunstancia unida a la crisis económica que comenzó a ser patente entre 2008-2009 provocó que fuesen muy pocas, y con escasos recursos, las empresas dispuestas a participar activamente en la organización del Bicentenario de la Constitución de 1812.

Y sin dinero era complicado sacar nada adelante. El primer equipo del Doce trabajó sobre una programación con la que se pretendía festejar la Constitución todos los días del año. Además, debía de encargarse de los eventos a celebrar en San Fernando a lo largo de 2010 e incluso ir más allá de las propias fronteras gaditanas.

Fue el Castillo de San Sebastián el mejor ejemplo del sueño caído. María Luisa García Juárez lamenta que no saliesen adelante los proyectos por ellos empleados, al constatar, con apenas aperturas muy puntuales a lo largo de 2012, el valor ciudadano de esta fortificación. Niega que el proyecto presentado en su momento fuese inviable desde el principio, como afirman técnicos que en aquel momento estaban relacionados con la operación. Lo cierto es que, más que por presión de algunos colectivos ciudadanos que por los costes iniciales, antes del mazazo que supuso la crisis, algunas actuaciones se fueron cayendo, como la recuperación del pequeño muelle del Castillo y la mejora en el acceso desde el paseo Fernando Quiñones.

Advierte que en su momento se dejó firmado un acuerdo entre la Dirección General de Costas, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz para la gestión futura del Castillo, por lo que ese acuerdo habría que ponerlo en marcha. "Que este proyecto se abandonara fue producto de la crisis. Ahora sería una pena no seguir con el proceso de recuperación".

Otra operación de calado, nunca ejecutado, fue el Centro de Estudios Constitucionales. Fue una brillante propuesta de la Junta a ubicar en el viejo colegio de San Felipe (hoy ya con problemas estructurales) que después pasó a reubicarse en el propio Castillo bajo la denominación de Faro de las Libertades., aunque García Juárez indica que esta operación nunca estuvo en la mesa de los planes de trabajo del Consorcio. Por el camino también cayó el Centro de Información para cruceristas, que tuvo una vida corta en el muelle gaditano y que, para la gestora, debería de haber tenido un papel importante en la promoción del evento.

María Luis García Juárez tuvo que abandonar la gerencia del Bicentenario debido a problemas de salud. La iba a suceder Natalia Rodríguez-Salmones, pero poco antes de hacerse oficial este cambio ella misma tuvo que retirarse por cuestiones médicas. Esta situación llevó al entonces delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Gabriel Almagro, a ocupar de forma interina este puesto, interinidad que se hizo permanente hasta su destitución.

La llegada de Almagro coincide con una etapa de incertidumbre en la organización del evento. "Se habla de la celebración de un gran evento histórico, pero hasta ese momento no había nada cerrado", a lo que se le une la firma con un acuerdo con una empresa, Carat, encargada de la búsqueda de patrocinadores privados "pero de la que no se sabía nada" de sus gestiones.

De esta forma, Almagro centra su línea de trabajo en la búsqueda de dinero, una vez que él mismo ha constatado que una parte de las administraciones, en este caso el Estado, no parecen muy dispuestas a poner fondos suficientes. Y a la vez, asume la necesidad de comenzar a promocionar el próximo evento.

"Cuando llego al Consorcio constato que se están hablando de muchas historias pero que apenas hay nada cerrado. Hay una empresa, Carat, de la que no sabemos nada, no sabemos qué está haciendo. Aprovechando un viaje a Madrid para cerrar la celebración en Cádiz de la Bienal de Arquitectura, me planto en las oficinas de esta agencia y le planteo una serie de objetivos, a la vez que ellos me presentan una lista de las empresas con las que pretenden trabajar".

Sin embargo, la cosa no avanza al ritmo que se pretende desde Cádiz, ya que se considera que la celebración del Bicentenario queda en un segundo plano frente a una promoción más decidida de otros eventos, como la World Ryder Cup de Barcelona. Ello obliga a la nueva gerencia a controlar de forma más directa la búsqueda de patrocinadores, cada vez más complicada por los recortes en los beneficios fiscales impuestos por el Ministerio de Hacienda.

Cabe destacar que en esta época la Comisión Nacional estaba controlada por el propio Gobierno bajo el mando de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega que, sin embargo, no adoptó medidas que favoreciesen económicamente la organización de eventos como el de la conmemoración de la Constitución de 1812, de un calado histórico nacional bastante más evidente que otros acontecimientos más lúdicos que en su día sí se vieron favorecidos por una visión más abierta de la legislación sobre el patrocinio privado.

El equipo de Almagro trabajó durante su etapa en una serie de contratos que, una vez fuera del Consorcio, nunca se firmaron. "No sé qué pasó con ellos", afirma a la vez que pide silencio sobre el nombre de estas firmas. "Con el nuevo modelo de financiación, se firmó lo que se pudo firmar", lamentando que algunas de estas compañías habían llegado a poner sobre la mesa hasta 6 millones de euros cada una para acontecimientos como la exposición de Zaragoza y nada para Cádiz. De todo ello salvó a El Corte Inglés, que se implicó rápidamente.

Almagro, con Luis Pizarro como presidente del Consorcio, mantuvo unas relaciones fluidas con el Ayuntamiento de Teófila Martínez. "Fueron una relaciones magníficas, muy cordiales. Dejamos fuera de cualquier conflicto político el trabajo relacionado con el Doce". Aquí considera que era lógico que el municipio plantease su programación además de la propia del Consorcio. No fue para él la causa principal de que el Doce no alcanzase todas las metas marcadas inicialmente.

Por el contrario, sí se muestra especialmente duro con la empresa pública Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, que en 2010 se transformaría en Acción Cultural Española. "Lo que en un principio eran tres empresas diferentes se unieron en una debido a los recortes provocados por la crisis lo que afectó a la organización de varias exposiciones sobre todo porque la presencia española en la exposición de Shanghai había terminado con un alto déficit que había que asumir".

Entra aquí de lleno la polémica que provocó la suspensión de la exposición 'Cádiz, capital del Reino', cuyos comisarios eran Alberto Ramos Santana y Juan José Gelos. Iba a ser, junto a la anunciada por el Ayuntamiento y dirigida por Arturo Pérez-Reverte, las grandes muestras sobre el Bicentenario. Ninguna salió adelante.

Aunque la versión 'oficial' trasladó en su momento que el coste de la exposición de Ramos Santana y Gelos, por un millón de euros, superaba con creces las posibilidades que la Sociedad Estatal de Conmemoraciones tenía a la hora de financiar la organización de determinadas muestras, concluido el Bicentenario varios de los consultados para la elaboración de este reportaje afirman con rotundidad que "la negativa a sacar adelante 'Cádiz capital del Reino' surgió "desde el propio Consorcio, utilizando el tema del dinero como mera excusa. Se perdió así la oportunidad de contar con un proyecto en el que se implicaba a la ciudadanía pues incluía la realización de arquitectura efímera, que se podría haber mantenido más allá de 2012, a la vez que se creaba una ruta por la ciudad mediante placas y señalización en edificios y acerado sobre los edificios relevantes de la época y la residencia de todos los diputados que vivieron entonces en la ciudad".

Lo cierto es que ni esta exposición ni la que pretendía el Ayuntamiento salieron adelante. Y en ambas el dinero tuvo, en mayor o menor forma, mucho que ver.

Mientras caía esta muestra, el sufrido equipo de Gabriel Almagro ponía en marcha el programa para la celebración del aniversario de 1810 en San Fernando, también afectado por los recortes económicos aunque allí sí se pudo celebrar uno de los conciertos negociados con la cadena televisiva MTV. El gerente, aunque asume el elevado coste de este evento, que no se volvió a repetir aunque estaba previsto celebrar más espectáculos ya en Cádiz, también destaca el impacto mediático que tuvo al considerar que "se había concebido como una campaña publicitaria dirigida a Iberoamérica".

Durante esta etapa el proyecto del Castillo de San Sebastián ya comenzaba a difuminarse. "Tuvimos muchísimas reuniones donde nos peleamos para que pudiese estar terminado. El proyecto incluía actuaciones absurdas y muy costosas, como instalar granitos en todo el suelo lo que lo convertía en un horno durante el verano. Con el objetivo de poder concluir las obras nos planteamos una serie de modificaciones a la baja, pero a la vez comienzan los duros recortes presupuestarios en las administraciones. Como último recurso, Almagro trabajó en la idea de meter en la ejecución de las obras en la zona del Castillo a la Consejería de Trabajo a fin de obtener medios y personal, mientras que el Gobierno Central se centraría en la Avanzada. Esta idea no salió adelante tras la salida del Gobierno andaluz de Luis Pizarro y la inmediata destitución al frente del Consorcio de Gabriel Almagro.

"¿La culpa de no haber logrado una organización mejor del evento? Sin duda la crisis económica y, también, una mejor planificación entre todas las administraciones implicadas. Si se hubieran acordado los trabajos a realizar en su momento (antes de la llegada de los recortes) sin duda se hubiera adelantado mucho y éstos habrían afectado menos a la celebración", concluye Almagro.

Tras García Juárez y Almagro llega al frente de la gerencia del Doce Emilio Aragón. Aunque destacado militante del PSOE gaditano, tiene un perfil más gestor que político pues procede de la empresa privada como alto directivo de Cajasol.

"Cuando llegué descubrí la enorme diferencia que existía entre lo que era una gestión pública y una privada. No entendía que en un proyecto público se gastara lo que no se tenía, algo que pasaba en todas partes, como se ha comprobado en esta crisis generalizada. Llegué, además, tras cuatro años de trabajo en el Consorcio, donde se acumulaban ya muchas facturas por pagar y los ingresos comprometidos (tanto públicos como, sobre todo, privados) no acababan de llegar. Y todo ello suponía que el personal que trabajaba en la oficina estuviese desmotivado tras tantos cambios en la gestión en tan poco tiempo. Por si fuera poco, algunos de los principales patrocinadores privados habían trasladado su deseo de abandonar el proyecto ya que no podían hacer frente a los compromisos económicos inicialmente adquiridos o intentaron reducir su aportación, "lo que se unió a que buena parte de las instituciones que formaban parte del Consorcio tampoco ingresaban el dinero que a cada una le correspondía".

Emilio Aragón, con el fin de atajar estos déficit que ha localizado en la organización del evento, opta por una parte por una reorganización de todo el personal de la oficina "realizando un seguimiento a cada uno de los programas ya en marcha y, también, manteniendo un estricto control de los gastos". A la vez, asume la urgente necesidad de mejorar la promoción del evento más allá de Cádiz al considerar que "la conmemoración era poco conocida". Por lo pronto, se reconoce que era ya inviable una modificación de la marca 'La Pepa' por el más evidente de 'Cádiz 2012', mientras que se procede a desbloquear una serie de proyectos y acuerdos mediante convenios con la radio televisión pública o mediante la puesta en marcha del Galeón La Pepa, activando la presencia de éste por diversos puertos de todo el país.

Aragón también caló en sus huesos el problema que había desde un principio con varias administraciones trabajando por su cuenta. "No entendí que cada uno fuera por su lado. En más de una ocasión hablaba con patrocinadores para descubrir que éstos ya negociaban un acuerdo con otra administración. Yo le pedí al consejero que necesitaba el apoyo unánime de la junta de gobierno del Consorcio. Y lo logré y creo que mantuve una buena relación con Teófila Martínez, porque ante todo estaba el bien de Cádiz. Creo que lo hicimos lo mejor posible a pesar de la escasez de medios personales y financieros". Y los problemas también burocráticos con los que funcionaba el Consorcio, que obligaba a pasar por manos de la Intervención y la Abogacía del Estado cualquier contrato o acuerdo, ralentizando o, simplemente, paralizando proyectos que de otra forma sí hubieran salido adelante pues se tenía financiación para ello.

Frente a la opinión de su predecesor, Aragón sí defiende la colaboración de Acción Cultural respecto a la conmemoración del Doce hasta el punto que afirma a este diario que "Acción Cultural Española ha sido la institución que más ha apoyado al Consorcio y la que menos ha pedido a cambio porque casi todas las exposiciones que se han montado han contado con su presencia". Sí se interesó por la muestra sobre 'El Reino de España..' "hasta que me dijeron que era imposible hacerla".

Sí critica con dureza actitudes como la de Loterías del Estado. "¿Dónde ha estado el dinero de Loterías del Estado? (una de las empresas públicas que más beneficios siguen dando). Yo hablé con su presidencia. Iban a dar 6 millones de euros y al final han acabado por ser el fracaso más grande del Bicentenario porque más allá de la celebración de los sorteos en la ciudad no han puesto nada. Ellos sí se han portado mal con Cádiz".

En cuanto a las administraciones públicas, tras recordar el fallido intento impulsado por los diputados Teófila Martínez y Rafael Román de incluir una mayor partida económica en los Presupuestos del Estado para financiar este evento, valora de forma muy positiva la apuesta de la Junta de Andalucía, así como el trabajo realizado por el Ayuntamiento de Cádiz e incluso la labor de la Diputación Provincial. Por el contrario es categórico al decir que "el Estado no colaboró como se debía".

La llegada de Aragón al frente de la gerencia del Consorcio supuso el reconocimiento público de que no había tiempo, ni dinero, para terminar las obras del Castillo de San Sebastián. "Nosotros dijimos sinceramente como estaba el proyecto. Desde el Consorcio no teníamos capacidad para implicarnos administrativamente en el desarrollo de esta obra aunque sí intentamos presionar para que se cumpliesen los objetivos, presionando ante Rubalcaba (presidente de la Comisión Nacional) para que se aportasen 3 millones de euros extras para terminar una serie de obras".

La victoria electoral del PP en las elecciones generales de noviembre de 2011 provocó un vuelco radical en la organización del Consorcio del Bicentenario, que por primera vez tenía el control director del Partido Popular. Con los actos oficiales del 2012 a punto de iniciarse Emilio Aragón dejó su puesto siendo sustituido por Pedro Flores. Éste ha preferido no participar en este reportaje pendiente como está del cierre oficial de la oficina una vez concluido el año.