El próximo 18 de agosto, a la vuelta de la esquina, Cádiz va a conmemorar el 75 aniversario de la Explosión de 1947, la mayor tragedia sufrida por la ciudad en la época moderna.

La conmemoración va a pasar sin pena ni gloria. A poco más de un mes no hay ninguna previsión de actos especiales organizados por el Ayuntamiento, lo que hace temer que todo quede en el concierto y el recuerdo a los fallecidos en el monolito de San Severiano que se repite año tras año.

La desilusión por la falta de interés por este aniversario, y lo que ello supone de ignorar de nuevo la magnitud de esta tragedia que acabó con la vida de más de 150 personas, heridas a otras 5.000 y destruyó parte de los extramuros de la ciudad, ha calado incluso en el reducido grupo de gaditanos que, desde hace unos años, viene defendiendo la obligación que tiene Cádiz de recordar la Explosión de 1947.

Liderando este grupo se encuentra desde el principio el historiador José Antonio Aparicio, que con sus investigaciones y publicaciones ha sacado a la luz las causas de la explosión de un millar de minas submarinas, y ha promovido la creación de un pequeño museo sobre la tragedia. Queda pendiente, entre otras cuestiones, buscar un mejor acomodo a este centro ubicado en el Castillo de Santa Catalina, con más salas y fórmulas expositivas.

Aparicio acaba de publicar su tercer libro sobre esta tragedia: 'Una catástrofe anunciada. Los papeles secretos de la Explosión de Cádiz', editado por Ediciones Mayi. Un trabajo que, adelanta, será el último que publique sobre este tema, reconociendo que se encuentra ya cansado y desilusionado ante la falta de apoyo a sus iniciativas por parte municipal.

El libro permite completar el profundo trabajo de investigación que Aparicio, licenciado en Filología Clásica, viene realizando desde hace unos años sobre la Explosión de 1947, un suceso ignorado por los historiadores de la ciudad y, sorprendentemente, por quienes se han especializado en el relato de la memoria histórica. Al fin y al cabo, la tragedia tuvo que ver directamente con la existencia de un régimen dictatorial en España, y la implicación del mismo en la II Guerra Mundial con un apoyo más que sutil a la Alemania nazi.

Por sus anteriores trabajos, ya se conocían las causas por las que estallaron las minas acumuladas en la Base de Defensas Submarinas, en pleno barrio de San Severiano a escasos metros de numeroso chalés, habitados en ese verano de 1947. También se conocía ya cuándo habían llegado muchas de las minas y de dónde procedían parte de ellas.

José Antonio Aparicio, en la Hemeroteca de Diario de Cádiz.

Ahora, acudiendo a documentos clasificados, Aparicio relata de forma precisa, a veces poniendo como protagonistas a víctimas de la explosión con un estilo novelado, los años de llegada de todo este armamento, así como su procedencia (una parte de una armada italiana en proceso de rendición ante los aliados en la II Guerra Mundial) y el despropósito por parte de la Armada, que nada hizo por trasladar material tan peligroso a una zona alejada del término urbano.

Así, ‘Una catástrofe anunciada’ cuenta con fechas y documentos como se sabía que lo que estaba en Cádiz no debía de estar aquí, y que incluso venían rechazadas de Cartagena, donde no encontraron acomodo.Solo casos puntuales como el informe del teniente coronel Manuel Bescós, alertan de la gravedad de esta medida.

Bescós, según los documentos que salen por primera vez a la luz, alertaba del riesgo de explosión del polvorín y reclamaba la salida de la ciudad: "Por sus condiciones técnicas y situación, nunca deben ser empleados (estos polvorines) para almacenar explosivos. (...) Se aconseja el urgentísimo traslado del depósito de Defensas Submarinas que, en caso de voladura, originaría una catástrofe nacional".

Este documento data de julio de 1943, cuatro años antes de producirse la tragedia por él vaticinada y que, de haberles hecho caso las autoridades de Marina se habría evitado, como relata a este diario José Antonio Aparicio.

El investigador menciona también a otro destacado marino, Fernando Abárzuza, que fue alcalde de Cádiz en el inicio de la década de los 40. Él también fue de los que, de forma insistente, reclamó la salida de todas estas minas.

Abárzuza también fue de los pocos que durante la investigación judicial de caso, efectuada en los tiempos más oscuros y duros de la dictadura, no omitió ningún detalle sobre todos los pasos que dio para intentar evitar este desastre, y los cargos militares a los que acudió advirtiendo del riesgo.

Con esta premisa, apoyada por lo que la explosión supuso para la ciudad: primero en pérdidas de vidas y de familias rotas, después en la destrucción urbana que tardó años y años en repararse, para José Antonio Aparicio está claro que, 75 años después, "el Estado tiene una deuda moral con la ciudad de Cádiz. Alguna vez habrá que reconocer que fueron ellos (quien entonces tenían capacidad de mando) y no otros los que no evitaron la tragedia, porque aún hoy hay gente que da créditos a historias falsas, como actuaciones de grupos contrarios al franquismo".

A la hora de mencionar esta deuda con los gaditanos, y en especial con las familias de los fallecidos, Aparicio menciona nombres que han quedado relegados en el olvido de la ciudad (más allá de quienes comandados por Pascual Pery Junquera evitar la explosión de una segunda nave con minas, que sí recibieron décadas más tarde el reconocimiento municipal).

Así cita a dos jurídicos que, buscando la verdad, no dudaron en enfrentarse a una dictadura. Uno fue Mariano de las Mulas, juez instructor hasta que, al llamar a declarar a cargos de la Marina, fue sustituido por la jurisdicción militar. Otro, Manuel Gandarias, cuya mujer murió en la tragedia y que inició acciones jurídicas contra la Marina. Evidentemente, no sirvió para nada.