Derechos Humanos: "El Ayuntamiento de Cádiz no piensa actuar para detener la epidemia de desahucios"

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) mantuvo recientemente una reunión con el alcalde de Cádiz, Bruno García, para abordar la “grave situación de la vivienda en la ciudad”. Después del encuentro, la organización ha expresado a través de un comunicado su “profunda decepción ante la ausencia de respuestas y de una estrategia municipal frente a un problema que afecta cada día a cientos de familias gaditanas”.

"Independientemente de que durante la reunión se trató con detalles la situación del parque público de vivienda y los proyectos existentes, la APDHA podría resumir que se nos abrumó con una lluvia de millones que irían destinados a ideas que siguen en la nube de los buenos propósitos y sin garantía clara de financiación y ejecución", sostienen desde la APDHA.

Desahucios al alza y familias sin alternativa habitacional

"Tiempo habrá de volver sobre una política que no da solución a la falta de vivienda pública en nuestra ciudad. Pero nuestro objetivo central en esta reunión era manifestar nuestra indignación ante la falta de respuesta municipal frente a la epidemia de lanzamientos que en los últimos tiempos condenan a la más extrema situación a muchas familias de nuestra ciudad", añaden.

"El precio medio del alquiler en la ciudad alcanza los 948 euros mensuales, según los portales inmobiliarios, situando a Cádiz como la tercera ciudad más cara de Andalucía, solo por detrás de Málaga y Sevilla", recuerdan.

La combinación de precios desorbitados, falta de vivienda pública, presión turística y proliferación de segundas residencias está provocando que cada vez más familias se vean obligadas a abandonar la ciudad, mientras que otras, sin posibilidad de marcharse, son directamente desalojadas. Lo cierto es que la población de Cádiz viene descendiendo de forma alarmante en los últimos años. Las tasas de lanzamientos por impago de renta se encuentran entre las más persistentes del sur de España y continúan al alza, a diferencia de otras regiones donde se han estabilizado.

La APDHA alertó de que "de los casos que atiende cada vez más dramáticos, todos con nombres y apellidos, nos duelen especialmente aquellos que afectan a familias con menores, que quedan en la calle sin alternativa habitacional".

Medidas urgentes planteadas por la APDHA

La organización presentó al Ayuntamiento "un conjunto de medidas paliativas mientras no se incremente el parque público":

• Recuperar y aplicar el acuerdo firmado entre Procasa y Servicios Sociales (27.09.22) para evitar desahucios de familias con menores.
• Suspender todos los desahucios de viviendas municipales que afecten a menores hasta ofrecer una alternativa habitacional. Aunque sea por ocupación de la vivienda.
• Exigir a la Junta de Andalucía el cumplimiento de estas medidas en viviendas de AVRA.
• Poner en uso inmediato las viviendas vacías de Procasa y AVRA tras su adecentamiento.
• Construir más alojamientos transitorios, como las cinco viviendas del Callejón del Pueblo Gitano, para realojos urgentes.
• Recuperar el programa “Alquiler Justo”, mejorado y con mayor alcance.
• Negociar con el Obispado la cesión temporal de edificios o pisos en desuso para alojar a familias desahuciadas.
• Elaborar un listado actualizado de familias en proceso de desahucio en viviendas privadas y estudiar cada caso individualmente, incluyendo ayudas para saldar deudas cuando sea más eficaz.
• Establecer relaciones con la antigua Sareb para incorporar sus viviendas en Cádiz al parque público, asumiendo el Ayuntamiento en caso extremo los gastos de adecuación.

La APDHA denunció además la "deshumanización del trato que reciben muchas personas con problemas graves de vivienda por parte de la administración municipal: desaires, malos modos y ausencia de citas urgentes". La organización subrayó la necesidad de "garantizar un acompañamiento digno y empático".

“El Ayuntamiento mira hacia otro lado”

"Más allá de comprometerse a no efectuar ningún desahucio cuando se trata de imago del alquiler en vivienda de Procasa, la respuesta del Ayuntamiento fue clara: no existe una estrategia municipal para afrontar la emergencia habitacional". La organización lamenta que, "ante el drama de los desahucios, el gobierno local `mire hacia otro lado´ y se muestre indiferente ante el drama y se olvide totalmente del sufrimiento tremendo de las familias desahuciadas".

"Sólo la movilización social parece capaz de modificar esta postura inhumana e intentar parar esta injusticia sin paliativos", concluyen.