Un anuncio de desahucio en Cádiz por parte del BBVA mina la salud de dos personas con discapacidad

"Estamos viviendo una situación muy angustiosa. He tenido que ir al hospital varias veces desde que el martes nos anunciasen que nos desahuciaban hoy lunes 19 de enero. Tengo arritmias, estoy en tratamiento de cortisona, y se me ha empeorado mucho en estos dos meses la EPOC [enfermedad obstructiva crónica] que también padezco", contaba esta mañana Juan Antonio a las puertas del número 5 de la calle Matrona Modesta Calvo en una mañana de frío glacial. A Marisol, que sufre de fibromialgia y diabetes, entre otras patologías, también le está pasando una gran factura el anuncio de la expulsión del que es su hogar desde hace 22 años. Él tiene una discapacidad del 57% y tres hernias discales fruto de toda una vida trabajando como escayolista. Ella tiene reconocida otra del 55%.

El piso era propiedad de Juan Antonio, que lo heredó de su abuelo. A partir de 2013, a raíz de un accidente de trabajo que le dejó sin indemnización, solo pudieron pagar una parte de la hipoteca al BBVA, "pero no nos dejaron seguir abonando lo que podíamos y nos demandaron". Habían saldado ya una deuda de 50.000 euros.

“En 2018 Divarian, un fondo buitre vinculado al banco, empezó a acosarnos constantemente para que nos marchásemos de casa. Nos hacen llamadas, visitas a nuestro domicilio y están poniendo anuncios de venta en portales de internet y en redes advirtiendo de que la casa está ocupada ilegalmente", contaba Juan Antonio el pasado 14 de noviembre. Nosotros no somos ocupas ilegales, queremos seguir viviendo en nuestra casa pagando un alquiler que podamos asumir con nuestros ingresos”.

Como ha adelantado hoy este periódico, la familia ha logrado una segunda suspensión temporal del lanzamiento gracias a su actitud y al incansable asesoramiento del Sindicato de Inquilinas, después de la que consiguieron el pasado 26 de noviembre de 2025. Pero solo de 30 días. Miembros del colectivo se concentraron esta mañana en apoyo de la familia.

"Estamos en contacto con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, con Procasa, con la Fiscalía y con los Juzgados. Les hemos trasladado toda la documentación que nos han pedido. Pero desde los Servicios Sociales nos dicen que no hay alternativa habitacional para nosotros", explica Juan Antonio. "También me requirieron documentación para ver si tenía derecho a un alquiler social indefinido en nuestra propia casa, pero el banco no ha contestado todavía y el Juzgado lo ha archivado porque ha considerado que no procedía. En estos 30 días vamos a aprovechar para intentar negociar esta posibilidad con el banco", adelanta.

"No tenemos ninguna otra alternativa"

"Lo único que le pedimos al banco es un alquiler social indefinido en la que era la casa de mi abuelo. Fue una herencia. El piso lo he reformado yo estando enfermo, que saben todos los vecinos el trabajo que me costó, que he hecho todo lo posible porque haya un bienestar en la comunidad. La vivienda está bien cuidada, pero en el banco no nos dan contestación a la propuesta de que nos dejen quedarnos con un alquiler social indefinido. Así lo hemos pedido por escrito, que actúen, por favor, con buenas prácticas bancarias. Yo no debo nada, ellos han cancelado hipoteca, de manera que ya no existe y no entiendo por qué nos plantean esta situación, cuando se podría dialogar tranquilamente y hacer las cosas como dios manda. Nosotros no nos negamos a pagar. Yo tengo mi pensión y puedo hacerlo sin ningún problema. No tenemos ninguna otra alternativa. Mis hijos viven en Inglaterra y los otros en Madrid y aquí no tenemos familiares".

"Lucharemos hasta que Juan Antonio y Marisol se queden en su casa", aseguró Andrés Pradillo, portavoz del Sindicato de Inquilinas. "Este desahucio lo hemos conseguido parar gracias a organizarnos, gracias al sindicato, gracias a Juan Antonio y Marisol. Porque supuestamente hay una moratoria y un decreto antidesahucios del Gobierno que establece que no se pueden ejecutar y esta es la prueba real de que sí los hay. Hasta el sábado por la tarde este desahucio se iba a ejecutar y gracias a que nos hemos organizado hemos conseguido pararlo", añadió el activista social.

"Suspensión temporal para que no se dañe la imagen del banco"

"El BBVA ha solicitado la suspensión temporal de la ejecución del desahucio después de la presión de la denuncia pública que hemos hecho porque no quieren que se dañe su imagen con una familia en la calle y estamos concentrados por seguridad. Nuestra intención es seguir presionando para que Juan Antonio y Marisol se queden en su casa mediante un alquiler social, en la que ha sido su casa durante 22 años", insistió Pradillo.

"Hemos tenido varios contactos con la oficina del banco y lo que nos comentan es que han remitido el caso a instancias superiores y que lo están estudiando y esa puede ser la razón por la que han pedido la suspensión", apunto el portavoz del sindicato. "Tenemos previsto volver a contactar con el banco esta semana y la siguiente y si es necesario no descartamos convocar una concentración de presión en la sede del banco para informar a sus clientes sobre qué está haciendo el BBVA en este caso, siendo capaz de echar a una familia a la calle cuando es un banco con beneficios millonarios extraordinarios y que esta vivienda no le supone un coste importante y sin, sin embargo, está priorizando por encima del bienestar de una familia que ha abonado ya más de 50.000 euros de su hipoteca y que ya ha entregado la vivienda, que es propiedad del fondo buitre de Divarian y aun así el BBVA pretende expulsarles de su casa en lugar de negociar un alquiler que la familia pueda pagar".

"Desde Asuntos Sociales les han comunicado a Juan Antonio y Marisol que en tres meses tendrían la posibilidad de vivienda de Procasa, pero es un plazo inasumible si en 30 días nos tenemos que volver a encontrar aquí, a las puertas de su casa", concluyó Andrés Pradillo.