El servicio de autobuses públicos de Cádiz acumuló un déficit de explotación de 5,2 millones de euros durante el año 2020, motivado por la irrupción de la pandemia del Covid en el mes de marzo. Un efecto que provocó una drástica caída de los ingresos que el balance del ejercicio sitúa en el 43,65% ante las limitaciones de la movilidad y la consecuente ausencia de viajeros, , mientras que los gastos solo descendieron un 12,06%.

Estas cuentas aportadas por la empresa prestataria del servicio de autobús urbano, Tranvía de Cádiz a San Fernando y Carraca S.A., hubieran supuesto un verdadero varapalo económico para el Ayuntamiento, que sin embargo abonará una cantidad inferior a la de años anteriores en concepto de déficit de explotación gracias a las aportaciones que ese año 2020 llegaron de manos del Estado.

En concreto, el Pleno del Ayuntamiento que se está celebrando este viernes ha aprobado el pago a la empresa de autobuses urbanos de una partida de 1,2 millones de euros para subvencionar el servicio que se prestó en 2020.

Según las cuentas a las que ha accedido este medio, el déficit de explotación de los autobuses urbanos ese año del Covid fue de 5.209.712,15 euros. Pero el Estado concedió la habitual subvención para el transporte urbano (de 844.946,51 euros, partida muy similar a la que concedió el año anterior), a lo que sumó una subvención extraordinaria por la pandemia de 3.176.116,12 euros. Y es precisamente esa aportación estatal la que ha posibilitado que la deuda municipal se reduzca a los 1.188.649,52 euros aprobados por el Pleno este viernes.

Críticas de la oposición

Este acuerdo, no obstante, no ha evitado las críticas de la oposición por el considerable retraso que sigue acumulando la licitación del contrato del servicio de transporte urbano. Una propuesta que según han recordado los concejales "anunciaron en su programa electoral en 2015, y estamos en 2023 y lo único que tenemos es una estructura de costes con la que la mayoría de la ciudadanía no estamos de acuerdo, porque tiene muy pocas bondades y muchas debilidades", en palabras de Carmen Fidalgo (Ciudadanos). "Lo prometieron hace ocho años. Reconozcan que no han podido, o que no han querido, que sería aún peor", ha añadido Maite González (del Partido Popular).

Fruto de este retraso, los grupos de la oposición han criticado el alto coste del servicio (5,2 millones de euros de déficit en 2020) pese a las deficiencias y problemas actuales. "Pagamos 4 millones y pico por un servicio que es obsoleto, contaminante, no accesible o que hace barrios de primera y de segunda", ha lamentado Carmen Fidalgo; a lo que el concejal no adscrito Domingo Villero ha añadido que los autobuses "emiten CO2 como si no hubiera un mañana".

"Deberíamos pagar por un servicio que fuera premium, sobre todo en una ciudad que aspira a ser ejemplo de movilidad", ha añadido Villero, en unas críticas a las que se ha sumado la concejala socialista Natalia Álvarez, que ha achacado al gobierno municipal que "gestionan en contra del principio de eficiencia económica, no reconocen y hacen caso omiso a la Comisión Nacional de Mercados que en 2018 hablaba de un exceso de compensación y pedía inmediatez para el pliego de transporte".