El comedor social Asociación Provincial de Pensionistas y Jubilados de Cádiz (UDP), que se encuentra en la calle Rosa, ha tenido que echar el cierre de manera temporal por la falta de fondos para sostener esta actividad. El pasado 1 de julio se suspendió este servicio destinado a cubrir el almuerzo de 53 personas mayores del entorno del barrio de La Viña a la espera de encontrar una solución definitiva que permita, al menos, cerrar el año.

Esta situación viene provocada por la asignación de la subvención correspondiente al 0,7% del IRPF destinado a fines sociales que otorga anualmente la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. Esta convocatoria se realiza por concurrencia competitiva, por lo que la cantidad que entrega a las entidades no suele cubrir el total de lo solicitado por la gran cantidad de propuestas que se presentan a ella. Así, tras reclamar una ayuda de 140.065,60 euros -el total del presupuesto anual para poner en marcha este comedor es de 160.062,60 euros-, solo recibió 58.703,10 euros de la Administración autonómica, por lo que quedaba pendiente cubrir los restantes 81.362,50 euros para finalizar el año. Por su parte, los usuarios realizan una aportación de 19.997 euros, ya que cada uno de ellos paga una cantidad de dinero en función de sus ingresos.

El presidente de la Asociación Provincial de Pensionistas y Jubilados de Cádiz (UDP), Juan Fernández, ya alertó hace unos días de la situación de este comedor social. De hecho, la entidad mantiene negociaciones con la Diputación de Cádiz para que pueda aportar la ayuda necesaria para poder mantener el funcionamiento de este servicio indispensable para los 53 usuarios, que desde hace una semana ya no reciben el almuerzo que les proporcionaba esta entidad. Sin embargo, los tiempos políticos funcionan a un ritmo distinto que los sociales, sobre todo cuando se han producido de por medio unas elecciones y las administraciones están en pleno proceso de organización.

Así, Fernández indicó que la presidenta de la Diputación Provincial, Irene García, ha mostrado "un interés especial" por arreglar este problema, por lo que cuenta con su compromiso. Sin embargo, el pasado 27 de junio se celebró el Pleno de investidura de la institución provincial y el pasado viernes fue el Pleno de organización, por lo que el presente mandato está dando sus primeros pasos. 

Esto ha provocado que la solución a la situación del comedor social de los pensionistas aún no haya fructificado. Tal y como señala el presidente de la entidad radicada en el barrio de La Viña, el convenio para financiar la actividad de este comedor social debe pasar por el Pleno de la Diputación. Ante esto, asegura que desde la institución provincial se le ha comunicado que el asunto se va a proponer, por lo que "espero que se apruebe en la segunda quincena de julio". Este trámite se debe solventar sin problemas al ser una propuesta del equipo de Gobierno formado por PSOE y La Línea 100x100, aunque Fernández espera que el resto de formaciones políticas "no se opongan" a la ayuda.

A partir de ahí, aún quedaría dar otro paso más para recuperar la actividad del comedor social. Una vez que la organización ya cuente con la comunicación de que el Pleno de la Diputación ha aprobado la moción para la concesión de la ayuda, la entidad tendrá que conseguir un aval bancario para poder reactivar este servicio mientras que no reciba la cantidad económica comprometida por la institución provincial, de manera que podría afrontar los gastos de su funcionamiento.  

Fernández mostró su preocupación por "el mantenimiento de los cuatro puestos de trabajo" que proporciona la organización a través de este servicio. De hecho, resaltó que las cuatro trabajadoras -una cocinera, una ayudante de cocina, una pinche y una trabajadora social- "se han mostrado dispuestas a seguir con su trabajo de manera voluntaria" para que el comedor no tuviera que cerrar. Sin embargo, la asociación ha tenido que suspender temporalmente el servicio para no tener ningún problema de tipo legal mientras que no consigue la financiación. 

Junto a esto, el presidente de la UDP también pretende que la solución sea diferente a la que consiguió hace un año, cuando la Diputación de Cádiz concedió una ayuda a esta organización para financiar el comedor social durante el primer tramo de 2018 ya que la asociación no había conseguido la subvención del 0,7% del IRPF destinado a fines sociales -la ayuda autonómica se consiguió tras un recurso-. En aquella ocasión lo hizo a través de un catering. Sin embargo, Fernández prefiere que la ayuda la gestione directamente la asociación, ya que "por el mismo precio" se podrán mantener los puestos de trabajo y se podrá dar "más calidad" al comprar directamente los productos para hacer los menús.