Regresan los problemas al comedor social de la Asociación Provincial de Pensionistas y Jubilados de Cádiz (UDP), cuya sede se encuentra en la calle Rosa. Tras las dificultades que sufrió a finales de 2017 al denegarle la por entonces Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía una subvención procedente del 0,7% del IRPF que se destina a fines sociales -la consiguió posteriormente tras ser estimado su recurso-, ahora la situación es distinta ya que el recorte de la cantidad obtenida por concurrencia competitiva hace que solo disponga de fondos hasta el próximo 30 de junio. 

Aunque todavía queda margen de maniobra, el tiempo se le echa encima a este colectivo, que en la actualidad atiende a 53 personas en el barrio de La Viña. Los usuarios de este comedor, todos ellos jubilados, realizan una aportación económica en función de sus ingresos. Muchos de ellos almuerzan en este centro, mientras que las personas con movilidad reducida lo reciben en su hogar gracias a la labor que realizan los voluntarios.

El presidente de la UDP de Cádiz, Juan Fernández, explica que el coste anual del mantenimiento del comedor es de 160.062,60 euros, de los que 19.997 euros se sufragan con la aportación que hacen los usuarios. Así, cuando se abrió la última convocatoria de subvenciones del 0,7% del IRPF para fines sociales, la entidad solicitó a la Junta de Andalucía una subvención de 140.065, 60 euros para poder costear este servicio durante todo el año 2019. Sin embargo, solo ha recibido 58.703,10 euros al ser la convocatoria por concurrencia competitiva, lo que solo le ha permitido cubrir la primera mitad del año. Por ello, ahora mismo faltan 81.362,50 euros para finalizar el año. 

El responsable de la Asociación Provincial de Pensionistas y Jubilados de Cádiz se encuentra ahora mismo manos a la obra para intentar conseguir la cantidad pendiente para que no se tenga que cerrar un recurso que es esencial para los 53 jubilados que acuden a este centro del barrio de La Viña. Fernández señala que "ya he pedido una reunión al delegado territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Miguel Andreu, y estoy esperando a que me llame". De todas formas, por lo sucedido en años anteriores, cuenta que ya se ha puesto en contacto con técnicos de la Delegación Territorial con los que ha trabajado en anteriores convocatorias. "Me han dicho que la Delegación Territorial no dispone de recursos para subvencionar esto, ya que no tiene ni potestad ni dinero para problemas de este tipo en todo lo que sean subvenciones a través de convocatorias de la Junta de Andalucía", apunta. 

Ante esto, y a la espera de su confirmación en un futuro encuentro, la puerta en donde puede estar la solución es en la de la Diputación Provincial de Cádiz. Esta institución ya salió al rescate de la UDP cuando la Junta de Andalucía no le concedió la citada subvención. En aquella ocasión, se hizo cargo de la financiación de este comedor social durante la primera mitad del año 2018, cubriéndose el resto del año con la subvención del 0,7% del IRPF para fines sociales una vez que la Junta de Andalucía estimó el recurso que presentó esta entidad. Fernández afirma que ya se ha puesto en contacto con su presidenta en funciones, Irene García. "Hay buena disposición", comenta, a lo que añade que, en contacto con su secretaria, "me dice que se van a reunir en estos días y van a conceder la cantidad que hace falta". Sin embargo, precisa que, "a lo mejor, hasta mediados del mes que viene no se va a disponer", por lo que "me dicen que me podrían dar un aval escrito que me diga que tenemos concedido el dinero", de manera que "podamos hacer gastos hasta que nos lo ingresen". 

Fernández cree que "no va a haber problemas" para el mantenimiento del comedor social al ver que "hay buena voluntad por parte de la presidenta de la Diputación", pero el temor no desaparecerá hasta que se solucione este asunto. Con todo, un tema que sí quiere cambiar en comparación con lo sucedido en 2018 es cómo se hace la gestión de la ayuda de la institución provincial. El pasado año, la Diputación contrató un catering para poder prestar este servicio. Sin embargo, el presidente de la entidad de pensionistas prefiere que lo realice directamente la asociación, ya que "así mantenemos cuatro puestos de trabajo, que corresponden a una trabajadora social, una cocinera, una ayudante de cocina y una pinche, saliéndonos por el mismo precio y ofreciendo una mejor calidad de la comida, ya que seríamos nosotros los que compraríamos las materias primas y se cocinarían en la asociación". 

Con todo, su objetivo es acabar con la situación de inestabilidad que vive este comedor social por su dependencia de las subvenciones y los convenios. Para ello, y teniendo en cuenta que la Junta de Andalucía sólo está concediendo en torno a la mitad de la ayuda que se le solicita, espera que "a través de una entidad bancaria se pueda cubrir el resto de la cuantía del presupuesto anual o bien firmar un convenio con la Diputación que cubra los cuatro años de mandato". "Esto lo quiero dejar cerrado este año porque no queremos estar todos los años con las carnes abiertas", sentencia.