Juicio por el caso Loreto

A sabiendas o sin saberlo

  • Una buena parte del juicio contra el alcalde, Barcia y González Bauza se centró en dirimir si Teófila y Romaní tenían conocimiento de los análisis del agua antes de que se produjera el corte

Comentarios 2

Un juicio que sentó por primera vez en el banquillo de los acusados a un alcalde de la ciudad en la democracia acabó visto para sentencia pero con el fiscal pidiendo la absolución de José María González y también del ex concejal de Medio Ambiente y entonces presidente de Aguas de Cádiz, Manuel González Bauza, y del jefe de gabinete de Alcaldía, José Vicente Barcia. Entraron con una petición de pena por parte de los populares de 24 meses de multa a razón de 20 euros diarios por un delito de calumnias con publicidad y de 14 meses por la misma cuantía de injurias por publicidad.

Siete horas y media de juicio, una instrucción archivada de inicio y recurrida después hasta llegar a la vista oral celebrada ayer, otra denuncia por la gestión de la crisis del agua de Loreto en los días de septiembre y octubre, numerosas declaraciones en los medios, informes y contrainformes que se redujeron , en gran medida, si el "a sabiendas" famoso utilizado por el alcalde en aquella asamblea de vecinos de Loreto era real o no.

Y es que tras el juicio que se celebró ayer en la Sala de lo Penal número 5 el meollo de la cuestión que sentaba a los tres miembros de Podemos por calumnias e injurias contra el equipo de gobierno del Partido Popular era si estos tenían conocimiento de que se había suministrado agua contaminada a los vecinos de Loreto a pesar de los análisis que se hicieron.

Por todas las declaraciones que se produjeron durante esas siete horas y media de juicio se constató que desde el 29 de septiembre hasta el 13 de octubre, fecha en la que ya se decide cortar el suministro al barrio, hay continuos análisis realizados por la Universidad de Cádiz en los que aparece que hay bacterias en el agua, tanto que la UCA advierte que deben dar aviso a la autoridad competente, es decir, a Sanidad de la Junta, para que decida si se debe cortar el suministro o no.

La acusación particular hizo referencia a que en la instrucción, los responsables técnicos de Aguas de Cádiz señalaron entonces que los políticos no tenían conocimiento de los informes que manejaban, algo que ratificaron ayer en su comparecencia ante la jueza tanto la ex alcaldesa Teófila Martínez, como el entonces presidente de Aguas de Cádiz, Ignacio Romaní.

"Antes del 13 de octubre yo no tenía conocimiento de los análisis del agua" y añadió que los técnicos "son los que deciden cortar el suministro el 13 de octubre y a partir de ahí estoy perfectamente informada".

Los acusados, por su parte, señalan que sí debían tener conocimiento. De hecho, el alcalde recordó que Teófila Martínez dijo tanto en declaraciones a los medios de comunicación, como en una asamblea a los vecinos y en un pleno municipal celebrado el 27 de octubre que "aseveró que todos los análisis habían dado 0,0 de écoli cuando en la investigación posterior se pudo determinar que eso no fue así".

Previamente, el concejal Manuel González Bauza había dicho que él mantenía una relación estrecha con el gerente de Aguas de Cádiz "y que si a mí me ocultan unos análisis como esos, en el siguiente consejo de administración estoy proponiendo su cese". Así, abundó que "es difícil imaginar" que el entonces presidente de Aguas de Cádiz "no conociera el resultado de los 50 análisis que daban contaminación en el agua esos días". Lo más llamativo es que tanto el ex gerente como el entonces director de la empresa pública no fueran llamados a declarar por las partes al juicio.

Otro de los argumentos que utilizó la acusación particular fue la de que a pesar de que había bacterias, estas no eran suficientes para que el agua no estuviera apta para el consumo humano, para lo que se basó en un documento aceptado por las comunidades autónomas que debían de llegar a 100. Tanto la persona del laboratorio de la UCA que hizo los análisis, como el actual gerente de Aguas de Cádiz, Jesús Oliden, afirmaron que el hecho de que haya sólo una presencia de Ecoli, ya es suficiente para que se tenga que poner en conocimiento de la autoridad sanitaria competente, en este caso, la Junta de Andalucía. José María González dijo que el informe que se elaboró ya con ellos en el poder tenía como objetivo arrojar luz sobre el incidente del agua en Loreto y para dar respuesta a la demanda vecinal.

En este sentido, reconoció que en dicho informe "no se dice que suministraron agua a sabiendas" que no estaba apta para el consumo durante los primeros 14 días en los que no se cortó el agua pese a que había análisis de la UCA que indicaban la muestra de bacterias en el agua y defendió que hubo "mala praxis", algo de lo que responsabilizó tanto a Teófila Martínez como a Ignacio Romaní. Este, en su declaración, señaló que "desde el momento en el que los técnicos informaron de la necesidad de cortar el suministro e informar a las autoridades sanitarias, nuestra preocupación fue abastecer a los vecinos de agua".

En el aspecto de las calumnias y las injurias que ayer se juzgaban, el discurso del alcalde fue el de que sus declaraciones se hicieron en el contexto de la crítica política: "Yo hablaba de una responsabilidad política y el principal objetivo es que no vuelva a ocurrir" algo así y se mostró sorprendido "de que los anteriores dirigentes no llegaran a encargar un informe que arrojara luz" al caso Loreto.

José Vicente Barcia se ratificó en lo que dijo cuando intervino en la asamblea de marzo de 2016 en Loreto y señaló en el juicio que "ellos contaminaron a la opinión pública porque habían dado una versión que no se correspondía" con lo que ellos comprendían que era la realidad.

Por el juicio fueron pasando uno a uno los concejales del equipo de gobierno del Partido Popular en el período en el que sucedieron los hechos. Todos dijeron que se habían sentido aludidos cuando se acusó al anterior equipo de gobierno de suministrar agua contaminada a sabiendas al barrio de Loreto. Asimismo, cada uno de ellos fue relatando los problemas que ello le ha originado de manera personal, si bien no fueron capaces de diferenciar, a preguntas del fiscal, de qué le había acusado cada una de las tres personas que estaban ayer en el banquillo.

Todos, no, más bien casi todos, porque no estaba Jesús Tey, que ni siquiera suscribió la denuncia y no asistieron Juancho Ortiz, que es el que había llevado el peso de la denuncia como letrado hasta ahora, ya que el Partido Popular entendía que no debía estar ahí. Tampoco acudieron Pablo Román y José Macías, a los que se unió José Blas Fernández a última hora.

Esto incluso le supuso un tirón de orejas por parte del fiscal y por el representante de la defensa, el hecho de que hubiera varios concejales que finalmente no ratificaran la denuncia. Y el Ministerio Público también que no se hubiera presentado los casos por separado de José María González y José Vicente Barcia por un lado, ya que fue en la asamblea de vecinos de Loreto, y el de Manuel González Bauza por otro, ya que sus declaraciones tuvieron lugar en la puerta de la Audiencia Provincial cuando fue a llevar el caso a la Fiscalía.

La acusación particular mantuvo la misma pena con la que llegó al juicio y como era de esperar, la defensa hizo lo propio. El fiscal, como ya había manifestado durante la instrucción también se decantó por la absolución. Así, argumentó que las manifestaciones se habían producido en un contexto político. Y después de siete horas y media, quedó visto para sentencia.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios