El alcalde José María González tendrá que declarar hoy a partir de las diez de la mañana como investigado en el caso Loreto en el apartado que se refiere a la denuncia que presentó el Partido Popular por injurias y calumnias. Además del alcalde, también están investigados y declararán en los dos próximos días en el Juzgado de San José, el ex concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cádiz, Manuel González Bauza, y el jefe del Gabinete de Alcaldía, José Vicente Barcia.

El PP presentó la denuncia a raíz de una asamblea vecinal celebrada el 7 de marzo del pasado año para informar de un informe realizado para esclarecer los cortes de agua en el barrio de Loreto producidos en el año 2014. En dicha asamblea, según la denuncia del Partido Popular, el alcalde afirmó que el anterior equipo de gobierno "había suministrado a sabiendas agua contaminada a los vecinos durante 14 días".

Durante los dos próximos días pasarán por el Juzgado Barcia y González Bauza

Por su parte, el jefe de gabinete de Alcaldía, según la querella del PP, "cogió el micrófono y señaló directa y públicamente a la ex alcaldesa Teófila Martínez y al ex concejal del PP Ignacio Romaní como responsables de haber suministrado el agua contaminada".

En cuanto al ex edil de Medio Ambiente, apunta que "el segundo día de la presentación del informe repitió que nada justifica dejar a un barrio consumir agua contaminada varios días".

José María González aseguró ayer en rueda de prensa que está "muy tranquilo" ante su declaración, aunque en la víspera volvió a ratificar lo que dijo en aquella asamblea, pero en esta ocasión sin llegar a pronunciar la frase que fue objeto de la denuncia por parte del Partido Popular.

De este modo dijo que "lo que se dijo en aquella rueda de prensa fue lo que se dijo. Nosotros nos hemos reiterado en esa afirmación" y también se "reafirmará" hoy, ya que está convencido de que las declaraciones que han dado origen a este procedimiento "ni muchísimo menos van en la dirección que apuntaba el PP".

A preguntas de los periodistas, el regidor gaditano ha indicado que espera que, tras su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, quede de manifiesto "ese intento perpetuo del PP de judicializar la vida política de la ciudad".

Por tanto, ha aseverado que no hay "ni calumnias ni injurias" en esas declaraciones, subrayando que "lo único que hay es voluntad de esclarecer un asunto turbio del cual es responsable directo el PP".

Este asunto fue archivado en primera instancia por la jueza de instrucción ya que consideraba que no había un delito de injurias y calumnias. Sin embargo, el PP recurrió el archivo de la causa ante la Audiencia Provincial, que obligó a la reapertura del caso. En este sentido, afirmaba que el archivo había sido prematuro y ordenaba que se practicaran las diligencias necesarias para que se esclareciera si realmente el alcalde había dicho lo que se le acusaba. Entre otras cosas se pide que se tome declaración a los afectados y a algunos testigos, como es el caso de los periodistas que cubrieron la asamblea.