"Yo tenía 23 años cuanto entré en la Zona Franca y un contrato de práctivas en el departamento de Informática. ¿Cómo iba a ser uno de los cerebros de la trama Rilco?".

Quien se hace esta pregunta es José David Sánchez de Medina. Ahora sobrepasa la treintena. El juez instructor del caso Rilco lo ha imputado por un presunto delito de falsedad documental y de otro societario. Él lo niega y por eso su abogado presentará el correspondiente recurso. Llega a la Redacción de este periódico cargado de documentos. "Todos forman parte del sumario, por lo que los tiene el juez instructor". Con ellos pretende demostrar su inocencia.

José David Sánchez llegó a la Zona Franca en abril de 2000. Apenas medio año más tarde ya era consejero de Rilco. Lo justifica: "había apenas tres informáticos en la Zona Franca y yo era el único que tenía una titulación universitaria, pero no será hasta el 1 de noviembre de 2002 cuando me nombren jefe de servicio".

Aquí es donde plantea la primera divergencia con el auto judicial. "Cuando se redacta el informe sobre la propuesta de MFZ (Miami Free Zone, para el desarrollo de Rilco) en diciembre de 2000 yo no aún jefe del servicio, como afirma el juez". Pero, además, rechaza con rotundidad que hubiese "orientado y dirigido" la redacción del documento por parte de los tres becarios que se contrataron para su análisis.

"No tuve nada que ver con la elaboración de este informe. Incluso los tres becarios, en sus declaraciones ante el juez, afirmaron que en ningún caso habían sufrido presiones durante la redacción del documento", afirma Sánchez.

Curiosamente, a pesar de estar contratado como informático, no recibió la orden de elaborar este documento y sí se contrataron a tres becarias "de mi misma edad, e incluso alguno mayo".

"Yo no hago el informe técnico porque yo era empleado de la Zona Franca. Lo que se pide es un estudio para que los evalúen los consejeros y siendo yo uno de ellos no era lógico que lo elaborase. Pero al final, el informe no pasa por nuestras manos sino que se nos indica que Manuel Rodríguez de Castro (entonces delegado del Estado en el Consorcio) lo ha adjudicado de forma directa".

Rechaza también que se le hubiese encargado los pliegos para Rilco I y Rilco II, apoyándose también en las manifestaciones ante el mismo juez de directivos que "asumen que fueron ellos los que lo elaboraron y no yo".

El último capítulo sobre su relación con Rilco se escribe ya en la etapa de Miguel Osuna. "En junio de 2002 hay una reunión con directivos de Rilco. Tras la misma, el delegado me pide que analice los datos que se le han aportado, sobre lo que estaba realizando hasta ese momento MFZ. En mi informe pongo en evidencia las deficiencias del trabajo realizado e incluso las irregularidades. Si yo formo parte de la trama de Rilco, no parece nada lógico que sea el que advierte de su mal funcionamiento".

Destaca Sánchez que la propia Abogacía del Estado, en la querella planteada en 2005, menciona este informe. "Los propios abogados destacan que yo hago constar la falsedad de lo manifestado en unos casos y en otros, el imcumplimiento de las prestaciones realizadas por MFZ".

Niega también que haya emitido ningún certificado de conformidad sobre los trabajos realizados por MFZ. "Sólo firmé dos actas relacionadas con Telvent. Y si el juez ha excusado de cargos a Telvent ¿por qué dice que mis certificados son falsos".