Las administraciones implicadas en la operación que se quiere desarrollar en Valcárcel (Junta de Andalucía, Diputación Provincial, Ayuntamiento de Cádiz y Universidad de Cádiz) han comenzado ya el camino sobre el terreno para buscar un acuerdo definitivo que establezca con detalle el compromiso de cada parte para sacar adelante la construcción de la nueva facultad de Educación. Para ello, técnicos de las cuatro entidades han mantenido este miércoles la primera de las reuniones que deberá culminar el texto final del convenio que suscriban y que permita, al fin, iniciar la tramitación del proyecto.

Para llegar a la reunión de hoy hay que remontarse al pasado mes de octubre, cuando las cuatro partes alcanzaron en Sevilla un principio de acuerdo, gracias al cambio de criterio de la Junta de Andalucía (que a raíz de la entrada de Moreno Bonilla en el gobierno rechazó el proyecto en los términos previstos por el anterior ejecutivo socialista de Susana Díaz). A raíz de esa reunión en la Consejería de Universidad, la UCA quedó encomendada para elaborar un primer borrador del convenio, que entregaría a mediados de noviembre a cada administración para su estudio y traslado de aportaciones y alegaciones.

No fue hasta hace apenas tres semanas cuando se pronunció la última de las administraciones, la Junta de Andalucía, que además ha sido la que más interrogantes ha lanzado respecto a ese borrador inicial redactado por la UCA. Entre ellas se pregunta por la aportación exacta del Ayuntamiento, que se comprometía a abonar 5 millones de euros pero que en el convenio se recoge que esta cifra puede ser compensada con los impuestos municipales derivados de la obra (el Iccio y la licencia de obras) y con las obras de reurbanización del entorno de esa futura facultad; por el concepto exacto que supone el 50% del equipamiento al que se compromete financiar la Diputación (es decir, si se incluyen las instalaciones deportivas o exclusivamente el edificio de Valcárcel); por la concreción de cómo se va a desarrollar la construcción de las pistas deportivas (que se menciona de manera muy vaga en el borrador); o por la seguridad jurídica respecto a la cesión del edificio de la Diputación a la UCA, que desde el pasado 22 de diciembre está en el aire al haber expirado el anterior convenio suscrito en 2017.

A estas dudas o alegaciones se suman las aportadas a finales de diciembre por el Ayuntamiento, que remitió algunos datos más específicos respecto a la reparcelación de Valcárcel y a la superficie del Campo de las Balas, así como aportó también cuestiones más precisas respecto a los tiempos y aportaciones de cada parte.

La administración más ágil en este primer paso fue la Diputación, que apenas tres semanas después de recibir el borrador del convenio envió a la UCA su respuestas, que incorporaba “pequeñas matizaciones”, según explicó en su día el presidente de la administración provincial, Juan Carlos Ruiz Boix, que no precisó esas puntualizaciones requeridas.

Así las cosas, el objetivo que se marcan ahora las administraciones es consensuar esas alegaciones o matizaciones aportadas por cada una. Un terreno que se ha dejado en manos de los técnicos de cada parte, que este miércoles han celebrado la primera reunión para buscar ese texto definitivo que permita finalmente firmar el convenio que sustente la operación que se quiere desarrollar en el histórico edificio del barrio de La Viña. Todo ello después de que la semana pasada la UCA remitiera un nuevo borrador incluyendo las aportaciones que cada administración había aportado al texto primitivo.

Estas reuniones tendrán ahora una continuidad hasta culminar el texto definitivo que aprueben las cuatro partes. Y a partir de entonces, llegará la firma final del convenio y el desarrollo de una operación que se ha calculado en 50 millones de euros solo para la rehabilitación de Valcárcel, la construcción del nuevo edificio anexo que necesitará la facultad y la reurbanización de todo el entorno; es decir, dejando fuera de ese presupuesto la construcción del equipamiento deportivo que irá en el Campo de las Balas, cuyo proyecto y costes aún no se han definido.

El objetivo inicial de los implicados en que en 2026 estuviera culminada la obra, por lo que la facultad pudiera empezar a funcionar en ese curso 2026/2027. Pero la hoja de ruta marcada en la reunión de octubre en Sevilla ya acumula sus primeros meses de retraso (ya que se quería haber firmado el convenio el pasado mes de diciembre), por lo que ese objetivo inicial parece que no se cumplirá finalmente.