Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Cádiz ha dado la razón al Ayuntamiento en su reclamación a la empresa Zaragoza Urbana para que abone un millón y medio de euros en concepto de dos pagos pendientes que se recogen en el convenio urbanístico de Valcárcel firmado hace tres años. La sentencia, que la inmobiliaria puede recurrir ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), desestima sin embargo la posición municipal de reclamar dicha cantidad por la vía de apremio.

Fuentes municipales señalaron a este periódico que esta sentencia permitirá al Ayuntamiento seguir adelante con la reparcelación de Valcárcel, para determinar la parte destinada a la Universidad de Cádiz para la Facultad de Ciencias de la Educación, y la parte en la que se puede instalar el hotel previsto por Zaragoza Urbana. Las mismas fuentes estiman que la inmobiliaria aragonesa "puede seguir adelante con el estudio de detalle" para presentar el proyecto de edificabilidad de su establecimiento.

El Ayuntamiento puede ahora aprobar de manera definitiva la reparcelación del lugarLa sentencia da la razón a Zaragoza Urbana en que el abono no sea por la vía de apremio

El proyecto de reparcelación de Valcárcel está elaborado, pero su aprobación no podía ser definitiva por el tapón legal que suponía el recurso interpuesto desde la inmobiliaria, según las mismas fuentes, que indican que incluso en el caso de que Zaragoza Urbana recurra la sentencia "se podría seguir adelante" con el proyecto.

La sentencia de lo Contencioso-Administrativo, con fecha del pasado miércoles, atiende así parcialmente -sí al abono de 1.500.000 euros pero no por la vía de apremio- el recurso interpuesto por Zaragoza Urbana ante el acuerdo de febrero de 2016 de la junta de gobierno local del Ayuntamiento gaditano, que desestimó a su vez el recurso de reposición que la empresa había presentado en la administración local por la reclamación de la citada cantidad que la junta local había acordado solicitar en noviembre de 2015.

Cabe recordar que este millón y medio de euros que el Ayuntamiento reclama a Zaragoza Urbana pertenece a los pagos tercero y cuarto, los dos últimos, que se recogen en el convenio urbanístico de Valcárcel como compensación económica por las plusvalías generadas por el cambio de uso de 3.000.000 de euros y cuya solicitud de abono considera la sentencia "conforme a derecho".

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo desestima las alegaciones realizadas por Zaragoza Urbana, las mismas que ya presentó ante el Ayuntamiento por vía administrativa, y respalda en su texto los argumentos esgrimidos por la administración local para rechazar ese primer recurso de la empresa inmobiliaria.

Además, la sentencia tiene en cuenta el acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz, en noviembre de 2016, acerca del proceso contractual vivido en torno al edificio Valcárcel desde el comienzo del proyecto: "Del cual resulta [del acuerdo de Diputación] tanto la resolución de contrato suscrito el 25 de junio de 2003 entre la entidad recurrente y la Diputación Provincial de Cádiz, así como la asunción por parte del recurrente del gasto de urbanización de 1.500.000 euros objeto del presente litigio".

Donde no da la sentencia la razón al Ayuntamiento, y sí lo hace por tanto a una parte del recurso de Zaragoza Urbana, es en que el abono de esta cantidad de dinero tenga que hacerse a través de una providencia de apremio. La jueza de lo Contencioso-Administrativo echa mano de la jurisprudencia, a través de una sentencia de este mismo año del Tribunal Supremo, y desestima la vía de pago solicitada por el Ayuntamiento porque la providencia de apremio, con fecha 5 de mayo de 2016, se dictó antes que el auto del 23 de mayo que resolvía "la petición de suspensión de la ejecución del acuerdo de la junta local de febrero de 2016".

Esta sentencia, según la interpretación municipal, permitiría seguir adelante con el nuevo proyecto en el edificio de Valcárcel y sus zonas anexas, a saber: el regreso a Cádiz de la Facultad de Ciencias de la Educación y la construcción de un establecimiento hotelero en la parcela aunque más modesto que el proyectado inicialmente por Zaragoza Urbana, tras el primer acuerdo con la Diputación Provincial que nunca pudo concretarse.