El diputado nacional de Vox Juan José Aizcorbe ha pedido explicaciones en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas sobre el desvío presupuestario desproporcionado y las múltiples irregularidades en las sucesivas contrataciones llevadas a cabo durante las obras de construcción del Puente de la Constitución de 1812 de Cádiz.

Aizcorbe se ha referido a los incidentes reflejados en el informe económico de la obra, de lo que se deduce que "el proyecto no estaba suficientemente fundado o que decisiones políticas no fundamentadas posteriores lo convirtieron en un proyecto superado desde el mismo momento del inicio de las obras".

En este sentido, desde Vox han recordado que "si bien hay una serie de factores que pueden modificar el precio y el plazo, normalmente estos no son superiores al 20% pero, en el caso del segundo puente sobre la Bahía de Cádiz, el incremento del gasto ha sido del 68,7%", una cantidad que Aizcorbe ha calificado como "desproporcionada".

La justificación para la modificación de la obra radicó en la incorporación de una plataforma tranviaria que se planteó una vez iniciadas las obras.

Desde Vox han entendido que esta modificación "vulneraba el proyecto original, el cual había sido el soporte de la licitación inicial, lo que obligó a cambiarlo sobre la marcha para introducir nuevas cargas sobre la estructura y, por consiguiente, obligando a un nuevo proyecto estructural".

Además, Aizcorbe ha explicado que esta obra era competencia de la Junta, "en ningún caso de un Ministerio del Gobierno, en virtud del correspondiente protocolo firmado en febrero de 2008 tal y como se refleja en el mencionado informe".

Por ello, ha pedido que se explique "por qué el Gobierno se hizo cargo de una obra que no le corresponde cuando, además, ha tenido una desviación presupuestaria tan alta".

De esta forma, el diputado de Vox ha mantenido que "el cambio de tipología del puente conllevó a una sucesión de contratos ligados a obras complementarias, así como las propias modificaciones del contrato original, que permitió eludir el límite del 20%, que es el máximo permitido para aumentar un presupuesto sin la correspondiente remisión al Consejo de Ministros".

Por todo ello, desde la formación se han preguntado "cómo es posible adjudicar una obra de tal relevancia técnica y económica sin que se justificara la valoración de la oferta técnica convirtiendo todo el proceso en algo subjetivo".

De este modo, Vox ha denunciado que el expediente de contratación es "claramente irregular debido al fraccionamiento de contratos, la no remisión al Consejo de Ministros para exceder tanto el presupuesto, y la puesta en servicio de la obra antes de su recepción formal".