El teniente de alcalde delegado de Urbanismo, Martín Vila, ha acudido este jueves a los juzgados para declarar por la querella criminal que le puso la Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz (AECCA) por un presunto delito de prevaricación por el asunto de los chiringuitos.

Vila ha señalado que ha acudido al juzgado “con absoluta tranquilidad y normalidad”. Así, ha añadido que “nosotros actuamos conforme a derecho, con informe de los técnicos en los que se indicaba el exceso de superficie respeto a lo previsto en el PGOU”.

Vila, que aportó amplia documentación técnica sobre esta cuestión, llamó la atención sobre dos de los establecimientos “sobre los que la asociación otorgaba representación en esta seudo querella que, al final, han desistido de seguir en el procedimiento. Uno de estos empresarios no ha presentado recursos y el otro ha trasladado de forma expresa que ha vuelto a ocupar la superficie prevista por la norma, 150 metros cuadrados, al entender que todo era un conflicto entre administraciones”.

Ante este cambio de buena parte del colectivo, considera Vila que “parece que ha quedado claro por nuestra parte que la actuación fue correcta. Lo que a mi me parece intuir es que el fondo de este caso ha tenido la intención de suspender cualquier vía administrativa. Y frente a ello, ha quedado clara que no se ha tomado desde el Ayuntamiento ninguna decisión arbitraria y sí adoptada en base a informes de los técnicos de Urbanismo y Medio Ambiente”.

Este proceso va en paralelo con la denuncia que presentó Ciudadanos y que tiene al alcalde José María González como investigado por un supuesto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos. Con respecto a esta, el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha dictado un auto por el que se declara el carácter complejo de la instrucción de la causa ampliando el plazo de la misma hasta otros meses más.

En el auto se explica que la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite, a petición del fiscal o de alguna e las partes personadas, la concesión de un plazo extraordinario de investigación cuando haya razones que lo justifiquen.

En este caso se asegura en el auto que la prórroga que se ha acordado “no es consecuencia de la desidia o inactividad de la autoridad judicial”. Eso sí, afirma que “resulta indispensable” la culminación de la fase de instrucción, ultimar las diligencias aún pendientes como es la declaración del representante legal del Potito, Miguel Ángel Sánchez, “que mostrando el más absoluto desprecio a la Administración de Justicia no compareció, pese a que conocía la citación ni alegó causa que lo justificase; diligencias sin duda esenciales para cumplir la finalidad de la instrucción”.